El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza Yáñez, junto al viceministro de Tesoro y Crédito Público, Christian Andrés Morales Burgos, expusieron ante la comisión legislativa el anteproyecto de ley correspondiente al contrato de préstamo BID 6131/OC-BO por un monto de 500 millones de dólares.
Según el Gobierno, la iniciativa busca ampliar la capacidad del Estado para sostener programas de protección social y brindar apoyo a los sectores más afectados por la coyuntura económica. La autoridad aseguró que la medida forma parte de una estrategia orientada a preservar la estabilidad y el bienestar de las familias bolivianas.
Sin embargo, el contenido del proyecto ha generado cuestionamientos. El analista Gonzalo Colque observó que el documento establece que 485 millones de dólares, equivalentes al 97% del financiamiento, serán destinados a transferencias monetarias para hogares afectados por el ajuste de precios.
Colque sostiene que esta estructura financiera contradice versiones anteriores sobre el origen de los recursos para el Bono PEPE. En meses pasados, el Gobierno había señalado que la compensación social sería cubierta con ingresos derivados de medidas económicas recientes y con ahorros generados por la eliminación de presuntos ítems irregulares.
A criterio del analista, la documentación presentada ante la Asamblea muestra que el programa será financiado principalmente mediante endeudamiento externo. El Gobierno, por su parte, defiende el crédito como una herramienta legítima para fortalecer la red de protección social en un contexto económico complejo.
El debate ahora se traslada al Legislativo, donde la aprobación o rechazo del préstamo podría convertirse en uno de los temas económicos más relevantes de la actual gestión.
Por Equipo de redacción
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