Desde la frontera con Brasil, Paz buscó darle una dimensión económica a su política de seguridad. El lanzamiento del Plan Fronteras Seguras contempla presencia permanente de la Policía Boliviana en cinco puntos fronterizos para enfrentar al crimen organizado transnacional, pero el Presidente puso el foco en una consecuencia que considera fundamental: generar las condiciones para que los bolivianos vuelvan a invertir dentro del país.
“Un país seguro es un país donde los bolivianos invierten en su propio territorio”, afirmó Paz. La frase resume una parte central de su discurso: la seguridad no sería únicamente una respuesta frente al delito, sino también una condición para generar confianza, actividad económica y nuevas inversiones.
En ese mismo escenario, el mandatario habló del “Estado Tranca”, concepto con el que cuestiona la acumulación de burocracia, obstáculos y restricciones que, según su lectura, se construyeron durante los últimos 20 años. Paz planteó que desmontarlo no será inmediato, sino un proceso que debe avanzar junto con las medidas destinadas a facilitar la producción y la inversión.
El Gobierno acompañó ese discurso con anuncios concretos para el Beni. Se firmó el contrato para elaborar el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión de la carretera Guayaramerín–Puente Binacional, de 18,3 kilómetros, por Bs 2,7 millones, una conexión que busca fortalecer el vínculo terrestre con Brasil.
A esto se suma el crédito de $us 204 millones del BID destinado a la interconexión eléctrica de Beni y Pando, además de la entrega de 23 Títulos Ejecutoriales del INRA a 43 familias benianas.
El mensaje de Paz desde Guayaramerín, por tanto, intenta unir cuatro piezas: seguridad para proteger las fronteras, infraestructura para conectar mercados, energía para impulsar la producción y tierra para dar seguridad jurídica.
La apuesta política está en demostrar que estas medidas pueden transformar una frontera históricamente alejada de los grandes centros económicos en un espacio de producción, comercio e inversión. El desafío será que el concepto de “Estado Tranca” deje de ser solamente una consigna y que su desmontaje pueda medirse en menos burocracia, más inversión y resultados concretos para quienes producen en Bolivia.
Por Equipo de redacción
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