Las gobernaciones fueron catalogadas automáticamente como Grandes Consumidores (GRACO) por tener un solo NIT. La Gobernación de Santa Cruz reportó que productores de General Saavedra que debían aportar 1.200 litros para mantenimiento vial pidieron un compás de espera ante el nuevo precio. Desde el SEDCAM explicaron: “tenemos un solo NIT y nuestro precio también se nos va a 18”.
En La Paz, el gobernador Luis Revilla advirtió un impacto de entre 15% y 25% en el costo de las obras públicas y que la renegociación de contratos podría paralizar proyectos por meses.
El impacto municipal ya es tangible. La Alcaldía de Cochabamba informó que requiere 160 mil litros de combustible al mes para 337 vehículos. Su Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA) compró diésel a Bs 18 y no recibió el cupo completo de YPFB.
Como consecuencia, el recojo domiciliario de basura fue suspendido temporalmente y hay maquinaria sin operar. El alcalde Manfred Reyes Villa viajó a La Paz para gestionar que el decreto no afecte a municipios ni a descentralizadas. La paradoja que denuncia el sector: el Estado vende ahora más caro que los importadores privados, que ofrecen el litro entre Bs 16,50 y 17.
El rechazo más fuerte viene del motor económico de Bolivia, Santa Cruz. La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) exigen la abrogación del decreto.
Anapo sostiene que la norma “golpea a todos los que producen alimentos para el país, que poseen desde 20, 30 o más hectáreas”. En campo, las cifras no cierran: un tractor consume 120 litros por día y una campaña de 50 hectáreas exige mínimo 5.000 litros, muy por encima del límite de 120 litros que el Gobierno mantiene a Bs 9,80.
Productores de Montero, Yapacaní, San Juan y San Julián bloquearon la carretera Santa Cruz-Cochabamba y dieron 48 horas para abrogar la norma. “Ese decreto nos está matando al sector productivo”, es la consigna. La CAO convocó a un Congreso Extraordinario nacional para el 27 de agosto en Warnes.
El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, aseguró que el precio referencial de Bs 18, que se ajustará diariamente según cotización internacional, es la medida “más adecuada” para resolver la escasez crónica y que solo alcanza a tres segmentos que recogen de plantas o cargan fuera del tanque. Para el resto, el precio sigue en Bs 9,80.
Mientras el Gobierno insiste en que no debe afectar la canasta familiar, municipios y productores advierten que el costo se trasladará inevitablemente a los alimentos y a los servicios.
Por Equipo de redacción
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