El senador Leonardo Roca parte de un hecho concreto: el 18 de agosto la Asamblea Legislativa censuró a José Gabriel Espinoza con 91 votos por no presentarse a interpelar sobre la crisis de dólares y la devaluación, y para Roca eso no es un trámite, es el retiro de la confianza política del primer poder del Estado.
Su denuncia apunta al camino judicial que eligió el exministro. Espinoza interpuso un amparo con NUREJ 204315534 ante la Sala Constitucional Tercera de El Alto, fuera de la sede de la Asamblea, admitido el mismo día de la censura con audiencia fijada para el 24 de agosto, y Roca advierte que el vocal que lo admitió tendría a su hija trabajando en el Banco Central, entidad bajo tuición del propio Ministerio censurado, lo que configuraría causal de excusa por conflicto de interés.
Rodrigo Paz acató esa censura con el Decreto 5678 del 21 de agosto, destituyendo a Espinoza y nombrando interino a Oscar Justiniano, cumpliendo así la Ley 1350 que le obliga a destituir en 24 horas desde la notificación formal del 20 de agosto y reconociendo que no existe medida cautelar que suspenda los efectos.
Pero el propio decreto y el comunicado oficial condicionan esa destitución y el interinato a lo que decida la sala de El Alto el 24, convirtiéndolo en un acatamiento provisional. Si esa sala anula la censura bajo el argumento de que se necesitaban 111 votos correspondientes a los dos tercios de los 166 miembros totales y no los 91 obtenidos sobre 129 presentes, Paz dejaría abierta la puerta a restituir a Espinoza sin volver a la Asamblea, y para Roca ahí radica el vicio: cada decreto o ley que lleve la firma de un ministro restituido por vía judicial, sin haber recuperado la confianza legislativa, nacería cuestionado.
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Por Equipo de redacción
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