El argumento se sostiene en tres ideas. La primera, el continuismo. Para Calasich, Paz no rompió con el Movimiento al Socialismo, lo administró. De ahí el neologismo que utiliza: neomasismo. Un capitalismo de discurso con gasto público, burocracia y operadores del modelo anterior intactos.
La segunda, la pérdida de autoridad. El acuerdo de 29 puntos firmado en junio con la Central Obrera Boliviana (COB), que compromete al Estado en revisión de leyes y política energética sin ninguna contraprestación sindical, y el escándalo del consultor argentino Fernando Cerimedo, han dejado, en su opinión, a un presidente “sin carácter” y sin capacidad para hacer lo que el país necesita.
La tercera es estructural. La crisis terminal que el propio Gobierno reconoció en el decreto 5503 de diciembre —“el Estado Plurinacional enfrenta una crisis estructural y terminal”— se ha convertido, según Calasich, en colapso general. Un colapso que este Gobierno no puede resolver por afinidad ideológica con el masismo, por ausencia de un “plan país” y por ineptitud demostrada.
Ante ello, descarta la renuncia simple. “Consolidaría el desastre”, escribe, porque abriría una sucesión incierta en manos del vicepresidente Edmand Lara, hoy convertido en adversario. La alternativa que plantea es un pacto político —no para salvar a Paz, sino para que Paz acepte irse— que incluya la decisión del Gobierno, con respaldo ciudadano y parlamentario, de enfrentar un proceso electoral “bajo el fuego de la subversión”.
Ese Ejecutivo de transición tendría, en su propuesta, una sola condición esencial: sacar a Bolivia del ciclo estatista. Y eso, para Calasich, solo es posible eliminando la Constitución Política del Estado de 2009 mediante una reforma profunda o restituyendo la Constitución reformada de 1994, que definía a Bolivia como República unitaria, multiétnica y pluricultural, antes del giro plurinacional, comunitario y autonómico impuesto por el MAS.
En términos constitucionales, Bolivia no contempla el adelanto electoral por voluntad del Congreso. La Carta Magna solo prevé el fin anticipado del mandato por renuncia, incapacidad, sentencia o revocatorio a mitad de periodo. La sucesión establece que, faltando presidente y vicepresidente, debe asumir el presidente del Senado y convocar comicios en 90 días. Cualquier atajo requeriría, por tanto, un acuerdo político de una magnitud que hoy no existe.
Pero el hecho de que un analista liberal, moderado en las formas, plantee abiertamente esa ruta indica que el debate en Bolivia ya no es si Paz termina su mandato en 2030, sino si el país puede permitirse que lo intente.
Por Equipo de redacción
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