Beller no cuestiona únicamente que Cerimedo haya tenido o no un contrato con el Estado. Su argumento apunta a una cuestión más incómoda: qué relación mantenía realmente con el entorno presidencial y hasta cuándo tuvo acceso a él.
En su mensaje dirigido a Paz, la denunciante sostiene que Cerimedo fue visto durante meses en oficinas, reuniones y otros espacios relacionados con el Gobierno. También afirma que los registros migratorios demostrarían una permanencia frecuente en Bolivia.
Pero el punto central de su respuesta está en las pruebas que anuncia. Beller asegura que posee conversaciones, audios, fotografías y datos de ubicación que permitirían reconstruir la presencia de Cerimedo en distintos lugares vinculados al Gobierno, incluida la denominada “oficina” de la Casa Grande del Pueblo, la residencia presidencial y, según su denuncia, incluso el comando policial.
La advertencia coloca a Paz ante una pregunta que trasciende la existencia de un contrato: si Cerimedo no tenía ninguna función oficial, ¿qué hacía en esos espacios y qué nivel de acceso tenía?
Beller también pone bajo sospecha una fotografía tomada dentro de un avión y pregunta públicamente qué aeronave es y a quién está asignada. La imagen, por sí sola, no permite establecer esas circunstancias; su identificación requiere verificar la fecha, la aeronave y los registros correspondientes.
El caso entra así en una nueva etapa. Ya no se trata únicamente de acusaciones y desmentidos, sino de determinar si el material que Beller dice tener confirma o contradice la versión presidencial sobre cuándo terminó realmente la relación de Cerimedo con el entorno de Paz.
La clave estará en la autenticidad y contexto de esas pruebas. Si pueden ser verificadas, podrían obligar al Gobierno a explicar no solo quién era Cerimedo formalmente, sino qué acceso tuvo al poder y por qué.
Portada imagen de Rodrigo Paz en el escudo de las Américas (marzo), fuente Nadia Beller
Por Equipo de redacción
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