La audiencia cautelar, suspendida el viernes por el juez de La Paz, se reinstaló este sábado a las 10.00 hora local. Es la segunda que afronta Cerimedo. Ya cumple 180 días de preventiva por tentativa de feminicidio, y ahora la Fiscalía, a cargo de Miguel Cardozo, pide otros seis meses, pero en Chonchocoro, la cárcel de máxima seguridad del altiplano.
“No tengo nada que ocultar (…) yo necesito defenderme en libertad”, dijo Cerimedo, según la transmisión recogida. Alegó domicilio en Bolivia, la necesidad de sostener a su familia y de revertir el daño a su reputación tras las acusaciones de Beller. Es padre de hijos que viven en Buenos Aires con su ex pareja, la ex directora de Discapacidad Natalia Basil, a los que ya se refirió entre lágrimas en su primera audiencia con un “quiero ver a mis hijos”.
La frase contrasta con su declaración informativa del 28 de agosto, a la que tuvo acceso LA NACION y que ha marcado toda la estrategia defensiva. Ante fiscales paceños, Cerimedo afirmó que ingresó “cerca de un millón de dólares por mes” en 2025 y 2026 por sus empresas Numen Group Inc en Estados Unidos y Numen en Argentina, con 35 empleados y 12 clientes que no identificó. Aseguró que quería montar una firma de marketing en Bolivia para instalarse definitivamente.
Fue entonces cuando se acogió al silencio selectivo. De un cuestionario de 219 preguntas, eludió más de 150 con la misma fórmula: “No tiene nada que ver con el caso”. No respondió si tenía oficina en la Casa Grande del Pueblo, si participaba en reuniones de gabinete, si tenía credencial policial -hallada en el allanamiento-, si manejaba las redes de Paz o si gestionaba decretos, combustibles o empresas públicas.
cerró su intervención con una tesis política: “Esto es un intento de golpe de Estado para desestabilizar al Gobierno de Rodrigo Paz, violentando todos los derechos y tratados internacionales”.
Ese Gobierno intenta ahora tomar distancia. Paz reconoció que Cerimedo trabajó en la segunda vuelta electoral de 2025, pero asegura que “nunca hubo contrato” y que “jamás tuvo autorización para representar a la Presidencia”. El viceministerio de Transparencia se ha constituido como parte coadyuvante y ha ordenado una investigación minuciosa.
El caso, sin embargo, ya ha tocado al poder judicial. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, admitió que la noche del 18 de agosto, tras conocer el ataque a Beller, llamó a Cerimedo para preguntar por el estado de salud de la víctima. Dijo que no es amigo del consultor, pero sí de Beller. La defensa de la abogada, en cambio, sostiene lo contrario: que fue Cerimedo quien a las 11.00 de la mañana del día del atentado llamó al presidente del TSJ, un dato que, de confirmarse, configuraría un presunto tráfico de influencias.
La Fiscalía sigue el rastro financiero: una casa de cambios de la zona sur de La Paz de donde se retiraron 700.000 dólares el día del allanamiento, cajones con efectivo y, según un peritaje del IDIF presentado por el senador Leonardo Roca, una billetera fría con movimientos por hasta 132,8 millones de dólares. Beller, aún internada y con solicitud de testigo protegida, ha publicado fotos y chats que, según ella, prueban que Cerimedo estuvo en la residencia presidencial hasta julio.
El hecho seguirá marcando agenda en Bolivia a los efectos de que el Ministerio Público recabe los elementos de prueba necesarios para sustentar su imputación o lo que corresponda en derecho.
Por Equipo de redacción
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