El caso Viacha vuelve inevitable una discusión que durante años quedó relegada frente a otras urgencias políticas: el modelo del servicio militar obligatorio y la estructura de las Fuerzas Armadas bolivianas.
La pregunta ya no es solamente cómo evitar que vuelva a ocurrir una tragedia como la registrada en instalaciones militares. También es si el país debe mantener el actual esquema de incorporación de jóvenes al servicio militar o avanzar hacia una fuerza con mayor nivel de profesionalización.
En ese escenario reaparece la objeción de conciencia.
Albarracín pidió a la actual Defensoría del Pueblo que reclame ante las instancias nacionales el cumplimiento del acuerdo alcanzado por Bolivia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Alfredo Díaz Bustos.
El antecedente se remonta a 2005, cuando el Estado boliviano suscribió un acuerdo de solución amistosa después de la denuncia presentada por Díaz Bustos, quien se había negado a realizar el servicio militar por razones de conciencia y religión.
La entonces Defensoría del Pueblo tuvo un papel central en ese proceso. Por eso Albarracín sostiene que la institución debería volver a asumir el seguimiento de la figura.
Pero existe una precisión jurídica importante: la CIDH declaró en 2019 el cumplimiento total del acuerdo y cerró su seguimiento. Por tanto, no se puede afirmar que actualmente exista un pronunciamiento de la Comisión señalando que Bolivia mantiene incumplido aquel acuerdo.
El debate, sin embargo, no desaparece. La cuestión de fondo es si Bolivia dispone de un mecanismo claro y efectivo para quien invoque objeción de conciencia frente al servicio militar y qué alternativa debería ofrecer el Estado.
La otra propuesta apunta en una dirección diferente, pero relacionada: la profesionalización.
Samuel Doria Medina planteó revisar el actual esquema militar y avanzar hacia unas Fuerzas Armadas más profesionales. La propuesta abre una discusión sobre el papel que cumplen los conscriptos, la formación especializada del personal y la estructura que necesita una institución encargada de tareas que involucran, entre otras cosas, armamento, explosivos, fronteras y seguridad nacional.
Así, Viacha puede terminar colocando sobre la mesa tres asuntos que hasta ahora se discutían por separado: seguridad en los cuarteles, objeción de conciencia y profesionalización militar.
No necesariamente son propuestas incompatibles. Pueden formar parte de una discusión mayor sobre la reforma del servicio militar.
La pregunta, entonces, ya no debería ser solamente quién tuvo responsabilidad en lo ocurrido en Viacha —algo que corresponde establecer mediante una investigación—, sino qué modelo militar quiere tener Bolivia y si el actual sistema responde a las necesidades de seguridad del siglo XXI.
Porque una tragedia puede investigarse y sancionarse. Pero si revela problemas estructurales, la verdadera discusión comienza después.
Por Equipo de redacción
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