Día: 12 de septiembre de 2026

El nuevo Terrapuerto de Cochabamba, construido en Albarrancho, no es una terminal municipal: es de carácter privado. La inversión privada supera los $us 30 millones, mientras la Alcaldía asumió con recursos municipales la construcción de vías y un puente de acceso. Dos inversiones, dos competencias y una pregunta que no debería quedar en la puerta: ¿quién gana con este negocio y qué gana Cochabamba?

Cochabamba se prepara para celebrar su aniversario departamental con una particular disputa institucional: Alcaldía y Gobernación tienen agendas y actos propios mientras sus autoridades se disputan el protagonismo de una fecha que debería unir a los cochabambinos. Pero lejos del protocolo, las banderas y la testera oficial, la calle tiene otra prioridad: generar ingresos, sostener el negocio, conseguir trabajo y llevar dinero a casa. Dos gobiernos pueden disputarse un acto; la gente disputa cada día cómo llegar a fin de mes.

Devolver Bs 44.000 no cierra el caso; abre más preguntas. Dos diputados del PDC, Yazmín Guizada y Henry Balderrama, restituyeron el dinero después de ser señalados por un presunto cobro vinculado con la obtención de cargos públicos. Si, como sostienen, no hubo ninguna promesa ni contraprestación y el dinero fue entregado voluntariamente, la explicación debería ser clara. Pero hay otra pregunta que apunta directamente a la Asamblea: ¿por qué la Comisión de Ética no abrió una investigación para establecer qué ocurrió? Y una tercera, todavía más delicada: si se demostrara que hubo dinero a cambio de utilizar el cargo o influencias para conseguir un nombramiento, el hecho podría ser analizado bajo figuras como cohecho pasivo propio, uso indebido de influencias o tráfico de influencias, sin que eso implique afirmar de antemano que alguno de esos delitos fue cometido.