Cochabamba estrenó su nueva terminal de buses en Albarrancho, pero detrás de la megaobra hay una diferencia que importa al bolsillo público: el Terrapuerto es una infraestructura privada, mientras que la Alcaldía destinó más de Bs 36 millones de recursos públicos para construir los accesos y un puente que permiten llegar hasta ella. La terminal fue levantada con una inversión privada superior a los $us 30 millones, según la información difundida durante su inauguración.
El dato obliga a poner cada cosa en su lugar. La terminal pertenece al ámbito privado y su construcción fue financiada por empresas privadas: Frehube, Veirosas y Terrapuerto Bolivia. La Alcaldía de Cochabamba, en cambio, asumió las obras de vialidad necesarias para conectar la infraestructura con la ciudad. No se trata de que el municipio haya construido la terminal ni de que, por haber financiado sus accesos, se convierta automáticamente en propietario o socio del emprendimiento.
La diferencia no es menor. La inversión privada tiene como lógica recuperar el capital colocado y generar rentabilidad mediante la explotación de la infraestructura y los servicios que allí se presten. La inversión municipal responde a otra competencia: garantizar infraestructura vial, accesibilidad y conectividad urbana. Son dos bolsas de dinero y dos responsabilidades distintas.
De acuerdo con los datos hechos públicos, la Alcaldía destinó más de Bs 36 millones de un crédito del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para los accesos y el puente. A ello se suman otros Bs 5 millones de Semapa para obras de emisarios vinculadas al área.
Por eso, calificar el proyecto simplemente como una “alianza público-privada” puede generar confusión. El alcalde Manfred Reyes Villa utilizó esa expresión durante la inauguración, pero los datos de inversión publicados muestran una realidad más precisa: una terminal privada acompañada por obras públicas de acceso.
Y aquí aparece la pregunta que interesa al ciudadano: ¿quién gana y qué gana cada parte? Los empresarios que colocaron más de $us 30 millones tienen una inversión que debe generar ingresos y recuperar capital. El municipio, por su parte, queda con las obras públicas de vialidad, pero no existe en la información difundida hasta ahora un dato que señale que la Alcaldía participe de las utilidades del negocio privado.
Eso no significa que la inversión municipal carezca de justificación. Una ciudad necesita vías, puentes y conexiones para que funcione cualquier actividad económica. Pero precisamente por tratarse de recursos públicos, corresponde explicar con claridad cuánto se invirtió, qué infraestructura queda como patrimonio público, quién administrará la terminal, qué cobros generará y si existe algún mecanismo mediante el cual el municipio recupere o compense parte de la inversión realizada.
El Terrapuerto tiene una superficie construida de unos 20 mil metros cuadrados, capacidad para más de 100 empresas de transporte y conexión prevista con el Tren Metropolitano, por lo que no se trata simplemente del traslado de una terminal: es la creación de un nuevo polo de transporte y actividad económica en el sur de Cochabamba.
La discusión, entonces, no debería quedarse en si la obra es moderna o si descongestionará la antigua terminal de la avenida Ayacucho. La pregunta de fondo es quién puso el dinero, qué competencia ejerció cada institución y quién capturará los beneficios económicos de la nueva infraestructura. Porque cuando se mezclan inversión privada y recursos públicos, la transparencia no es un detalle: es parte de la obra.
Por Equipo de redacción
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