Rubio calificó de “productiva” la reunión con Paz y vinculó públicamente la relación bilateral con tres piezas centrales del programa económico boliviano: el respaldo ante el Fondo Monetario Internacional, la reforma del mercado de combustibles y los cambios que se preparan para minería y energía. No es una afirmación menor: coloca en una misma frase la relación con Washington, el financiamiento internacional y la transformación de sectores estratégicos de la economía boliviana.
El contexto vuelve más significativa la declaración. La Asamblea Legislativa aprobó el financiamiento de $us 1.900 millones bajo un programa de 36 meses que contempla medidas de estabilización, reducción del déficit, disciplina monetaria, flexibilización cambiaria y reformas estructurales. El acuerdo todavía debe pasar por la aprobación final del Directorio Ejecutivo del FMI.
En combustibles, el primer gran cambio ya llegó a la calle. El Gobierno de Paz eliminó la subvención al diésel y estableció un nuevo precio regulado de Bs 17,95 por litro, frente a los Bs 9,80 que regían anteriormente. La medida forma parte del giro económico que busca reducir el costo fiscal de la subvención y corregir las distorsiones del mercado, pero también trasladó inmediatamente el debate al transporte, la producción y el bolsillo de los consumidores.
La minería y la energía apuntan a la siguiente etapa. El Gobierno ha anunciado cambios normativos para estos sectores y una mayor apertura a la inversión. Pero aquí todavía hay preguntas que requieren documentos y resultados: qué inversiones llegarán, bajo qué reglas, cuánto captará el Estado, qué ocurrirá con la industrialización y qué beneficios concretos recibirá Bolivia.
Por eso, la frase de Rubio puede leerse como una señal diplomática y económica, pero no como prueba de que Estados Unidos esté diseñando las políticas bolivianas. Lo que sí está documentado es que Washington considera importante la relación bilateral para el proceso que Bolivia está intentando llevar adelante.
Y aquí aparece la pregunta de fondo para la calle: si el respaldo internacional ayuda a abrir la puerta del financiamiento, ¿qué habrá detrás de esa puerta para el ciudadano boliviano?
Porque una reforma económica no se mide solamente por los millones que llegan, los acuerdos que se firman o las fotografías en Nueva York. Se mide cuando hay combustible, cuando la producción puede moverse, cuando las inversiones generan empleo, cuando las reglas son claras y cuando el sacrificio exigido a la población empieza a mostrar resultados.
La reunión Paz-Rubio, en ese sentido, deja algo más que una señal diplomática: Washington ya está mirando de cerca el nuevo rumbo económico de Bolivia. Ahora corresponde mirar qué obtiene Bolivia de ese nuevo vínculo y quién termina pagando —y quién termina beneficiándose— con las reformas.
Por Equipo de redacción
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