Montero presentó su renuncia denunciando presiones externas. Esa denuncia debe ser esclarecida y no corresponde convertir en hecho probado una acusación que todavía requiere sustento. Pero el episodio coloca sobre la mesa un problema mayor: la independencia de las instituciones de control.
Si un funcionario tiene la obligación legal de recibir una denuncia, tramitarla y, cuando corresponda, investigar, hacerlo no debería convertirse en una señal de deslealtad política. La respuesta institucional debería ser exactamente la contraria: dejar que los procedimientos determinen si existen o no responsabilidades.
Y aquí aparece una tarea que no depende únicamente del Ejecutivo. El Legislativo tiene una responsabilidad decisiva: debe existir voluntad política para avanzar en procesos de institucionalización que reduzcan la discrecionalidad en la designación y permanencia de funcionarios técnicos y de control.
Eso tampoco significa imaginar instituciones completamente ajenas a la política. Las competencias delegadas por ley, las designaciones y determinadas decisiones seguirán teniendo inevitablemente un componente político. La institucionalización no elimina la decisión política; reduce el espacio para que esa decisión política se convierta en presión cotidiana sobre quienes deben cumplir la norma.
La diferencia es fundamental. Un funcionario institucionalizado puede recibir una instrucción legal y cumplirla, pero debería tener mayores garantías para decir no cuando una presión política pretende sustituir el procedimiento establecido.
Por eso, el caso Montero no debería quedarse en el cruce de acusaciones entre autoridades y dirigentes. El Legislativo debería preguntarse qué mecanismos de institucionalización existen, cuáles funcionan y cuáles deben modificarse para que un funcionario técnico no dependa de la voluntad del poder de turno para ejercer sus competencias.
Porque la transparencia no se construye solamente con discursos contra la corrupción, dice el analista Gregorio Chávez. También necesita instituciones capaces de investigar aquello que incomoda, procedimientos que se respeten y funcionarios que sepan que cumplir la ley no significa arriesgar el cargo.
Por Equipo de redacción
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