La declaración fue difundida el 22 de septiembre de 2026 por el Departamento de Estado de Estados Unidos y lleva la firma de 15 gobiernos, entre ellos el de Bolivia. El documento presenta al denominado “Escudo de las Américas” sobre tres pilares: economía, seguridad y coordinación multilateral.
En seguridad, los gobiernos identifican a las organizaciones narcoterroristas transnacionales como una amenaza común y anuncian una primera acción conjunta contra 24 grupos. La lista incluye al Tren de Aragua, MS-13, los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, Clan del Golfo, ELN, disidencias de las FARC, Sendero Luminoso y también al Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho, entre otros.
La declaración plantea, según corresponda a la legislación de cada país, congelamiento de activos, restricciones migratorias y de visas y responsabilidad penal para quienes proporcionen deliberadamente apoyo material o logístico a esas organizaciones. También prevé ampliar el intercambio de inteligencia, el acceso a tecnologías de seguridad, la capacitación y el intercambio de buenas prácticas.
Pero el documento tiene otra capa que interesa especialmente a Bolivia.
Los 15 gobiernos plantean profundizar la cooperación económica, explorar mecanismos para revisar inversiones, proteger las cadenas de suministro de minerales críticos mediante fuentes diversificadas y confiables y promover proveedores confiables para infraestructura digital.
Es decir, la seguridad deja de aparecer separada de la economía. En el mismo esquema entran crimen organizado, inversiones, tecnología y recursos estratégicos.
Para Bolivia, esa conexión tiene especial relevancia por su condición de país con importantes recursos minerales estratégicos y por la búsqueda de nuevas inversiones. La declaración no establece medidas específicas sobre el litio boliviano, pero sí incorpora los minerales críticos dentro de la arquitectura económica del nuevo mecanismo.
El tercer componente es diplomático.
Los países participantes anuncian su intención de solicitar al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) una reunión de consulta para analizar la creación de un Órgano de Consulta bajo los artículos 6 y 13 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como TIAR o Tratado de Río.
Esto no significa, por sí mismo, que se haya activado el TIAR ni que la declaración cree una alianza militar automática. El documento habla de una solicitud de reunión y de la intención de considerar posteriormente una resolución para facilitar acciones colectivas contra organizaciones narcoterroristas.
Además, los países que participan del “Escudo de las Américas” pero no son parte del Tratado de Río expresan su respaldo a la iniciativa dentro de los límites de sus obligaciones jurídicas nacionales e internacionales.
El movimiento coloca a Bolivia en una conversación hemisférica distinta: seguridad, soberanía económica, inteligencia, inversiones y recursos estratégicos comienzan a caminar por la misma vía.
La declaración, por tanto, no solo debe leerse por la lista de 24 organizaciones criminales. También importa por la arquitectura que propone alrededor de ellas y por el lugar que Bolivia decidió ocupar dentro de ella.
En términos prácticos, el Gobierno de Rodrigo Paz está participando de un mecanismo que busca coordinar respuestas frente al crimen organizado transnacional, pero que simultáneamente abre una agenda de cooperación económica y estratégica con Estados Unidos y otros gobiernos del continente.
Por Equipo de redacción
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