Morales salió de Lauca Ñ con una advertencia política concreta. Su frente Evo Pueblo fijó el 3 de octubre como fecha límite para que el Gobierno revise sus medidas económicas y anunció movilizaciones a partir del 13 si no encuentra respuesta.
El reclamo apunta, entre otros asuntos, al nuevo esquema para el precio del diésel y a las decisiones adoptadas sobre las empresas públicas. Es decir, el conflicto no nace de una consigna abstracta: tiene detrás medidas que ya golpean el bolsillo y pueden convertirse en combustible para la protesta.
Pero el Gobierno decidió no responder únicamente en el terreno económico.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, recordó que Morales puede expresar sus desacuerdos y movilizar a sus seguidores, siempre que lo haga dentro de la ley.
Y puso sobre la mesa el otro expediente: las causas judiciales abiertas contra el expresidente y las órdenes de aprehensión que continúan vigentes.
El mensaje de Justiniano fue directo: nadie está por encima de la ley por haber ocupado la Presidencia ni por tener capacidad de movilización.
Ahí cambia el tablero.
Morales intenta colocar al Gobierno frente a una demanda política y social. Defensa intenta colocar a Morales frente a una obligación institucional: presentarse ante la Justicia y ejercer su defensa.
Son dos calles distintas que pueden terminar cruzándose.
Porque una cosa es protestar contra una política pública. Otra, utilizar la capacidad de movilización para intentar condicionar al Estado mientras existen procesos judiciales pendientes.
Y también hay una obligación para el Gobierno: garantizar que cualquier protesta pueda desarrollarse dentro de la ley, sin convertir la prevención del conflicto en una excusa para restringir derechos constitucionales.
El 3 de octubre será, por ahora, el primer punto de control. El 13, la fecha anunciada para medir si la advertencia se transforma en movilización.
La política vuelve a mirar a las carreteras. La Justicia, mientras tanto, sigue esperando su turno.
Por Equipo de redacción
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