La reforma incorporó a la Ley del Ministerio Público la posibilidad de una suspensión definitiva del Fiscal General cuando esté formalmente imputado y/o sometido a una medida cautelar personal por delitos sancionables con privación de libertad. La decisión requiere dos tercios de los legisladores presentes.
Con esa nueva regla, la ALP aprobó la suspensión definitiva de Mariaca con 113 votos a favor, 11 en contra, tres abstenciones y un voto en blanco, de 128 legisladores presentes.
Después vino la segunda parte de la madrugada: encontrar a su reemplazante.
La Asamblea realizó varias votaciones sin conseguir los dos tercios con los nombres inicialmente planteados. Finalmente, José Armando Urioste Viera fue propuesto y elegido por más de dos tercios. Su posesión está prevista para el lunes 5 de octubre y ejercerá como interino durante 90 días, mientras el Legislativo debe encaminar la elección del Fiscal General titular.
Y aquí aparece el dato que ayuda a entender quién llega al Ministerio Público.
Urioste tiene 58 años, nació en Beni y es abogado. Cuenta con un diplomado en Derecho Procesal Civil y otro en Educación Superior, además de una maestría en Derecho Constitucional y Derecho Agrario. También es coautor del libro Procedimientos agrarios.
Su carrera está vinculada principalmente al Órgano Judicial. Fue secretario de Cámara del Tribunal Departamental de Justicia del Beni y del Tribunal Agrario Nacional; juez de instrucción; juez de partido y juez público civil y comercial durante más de 11 años. Posteriormente fue vocal de la Sala Social, Contenciosa y Contenciosa Administrativa y llegó a ejercer como decano del Tribunal Departamental de Justicia del Beni durante seis años.
También tiene trayectoria académica: fue docente de pregrado y posgrado y catedrático del Instituto de la Magistratura. En 2024 fue postulante al Tribunal Supremo de Justicia por Beni y obtuvo 167 puntos en la evaluación de méritos y examen oral del proceso de preselección.
Hay otro antecedente que ahora adquiere relevancia. Durante su campaña para las elecciones judiciales, Urioste sostuvo que la justicia debía ser independiente y sin “manoseo político”, y vinculó esa independencia con la seguridad jurídica. Esa posición consta en el material difundido durante el proceso electoral judicial.
Por eso, el verdadero examen para Urioste comienza ahora: si llega a la Fiscalía General en medio de una reforma legal hecha a contrarreloj, deberá demostrar en los hechos si aquella defensa de una justicia independiente también se aplica cuando las decisiones afectan al poder político.
La salida de Mariaca tampoco equivale a una condena penal. Su situación jurídica deberá resolverse dentro del proceso que enfrenta. La Asamblea tomó una decisión sobre su permanencia en el cargo; la justicia deberá determinar, por separado, las responsabilidades penales que correspondan.
La democracia no se mide solamente por levantar la mano y alcanzar dos tercios. También se mide por la estabilidad de las reglas, la separación de poderes y la capacidad de las instituciones para actuar sin acomodar la norma a la urgencia política del momento.
Por Equipo de redacción
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