Una detención preventiva tiene una finalidad procesal. Busca asegurar que una investigación pueda avanzar cuando el juez considera que existen elementos suficientes y riesgos que justifican la privación de libertad.
Pero seis meses de cárcel no equivalen a seis meses de condena.
La responsabilidad penal todavía debe demostrarse dentro del proceso, con elementos de convicción que puedan ser contrastados y sometidos al debido proceso.
Ahí aparece el nuevo fiscal general interino, José Armando Urioste, y con él una prueba institucional que trasciende el caso Mariaca.
El Ministerio Público tendrá que revisar lo actuado, profundizar las líneas de investigación y determinar qué elementos sostienen realmente la hipótesis de organización criminal y tráfico de sustancias controladas.
Puede ratificar la imputación inicial.
Puede complementarla con nuevos elementos.
Puede ampliarla contra otras personas si aparecen indicios objetivos.
Y también deberá descartar aquello que no pueda ser probado.
Ese es precisamente el trabajo de una Fiscalía independiente: no investigar para confirmar una decisión tomada, sino investigar para establecer qué ocurrió.
El caso tiene además una carga política evidente. Mariaca acaba de dejar el cargo de fiscal general en medio de una crisis institucional y su sucesor asumió después de una controvertida modificación legal.
Por eso el Ministerio Público tiene ahora una responsabilidad doble: investigar los posibles delitos y demostrar que la investigación no está subordinada a intereses políticos.
No se trata de defender a Mariaca ni de descalificar la decisión judicial.
Se trata de algo más elemental: que la evidencia mande sobre el discurso político.
Si los indicios se convierten en pruebas, el proceso avanzará con sustento jurídico, señalan juristas.
Si no ocurre, la sociedad tendrá derecho a preguntar si la prisión preventiva fue realmente una herramienta para garantizar la investigación o terminó convertida en una condena anticipada.
Por Equipo de redacción
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