Rodrigo Paz denunció que ministros y parlamentarios recibieron amenazas en medio de la crisis que terminó con la salida de Róger Mariaca y la designación de José Armando Urioste como fiscal general interino. La denuncia abre una pregunta que el Gobierno debe responder con hechos: ¿quién amenazó, a quién y con qué pruebas?
Paz afirmó que ministros le comunicaron amenazas contra sus familias y sostuvo que también hubo presiones contra parlamentarios durante el proceso legislativo que modificó la Ley 260 y permitió la suspensión de Mariaca. Sin embargo, hasta ahora no se conocen públicamente las pruebas de esas amenazas ni la identidad de sus presuntos autores.
El contexto es especialmente delicado. El cambio de Fiscal General ocurrió después de la detención de Mariaca y de una reforma legal aprobada y promulgada en pocos días. La Asamblea Legislativa terminó suspendiéndolo y designando a Urioste como interino.
La denuncia presidencial agrega ahora una dimensión de seguridad a una disputa que ya tenía componentes jurídicos y políticos. Pero una denuncia no equivale a una amenaza judicialmente comprobada.
Por eso, el siguiente paso no debería quedarse en el discurso. Si existen mensajes, audios, números telefónicos o denuncias formales, corresponde preservarlos, investigarlos y establecer responsabilidades.
La seguridad de ministros, parlamentarios y sus familias no puede convertirse en un relato sin investigación. Si hubo amenazas, hay que identificar a los responsables. Y si se las denuncia públicamente, también corresponde mostrar qué sustenta la acusación.
Por Equipo de redacción
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