Bolivia tiene una riqueza mineral que representa ingresos, empleo y oportunidades económicas. Sin embargo, esa riqueza plantea una obligación que el Estado no puede eludir: garantizar que su explotación no destruya los recursos naturales de los que depende el resto de la economía.
La preocupación por la contaminación de los ríos va más allá de una discusión ambiental. El agua conecta territorios y actividades productivas. Lo que ocurre en una zona minera puede repercutir aguas abajo, donde otras comunidades necesitan ese mismo recurso para beber, regar sus cultivos y mantener su ganado.
El problema adquiere otra dimensión cuando se considera el futuro de la producción agropecuaria. Una fuente de agua deteriorada, un suelo contaminado o un ecosistema dañado pueden comprometer la actividad de familias rurales y reducir las posibilidades de producir alimentos en condiciones seguras.
No se trata de afirmar que todos los ríos del país presentan el mismo nivel de contaminación ni de atribuir cada daño exclusivamente a la minería. Para conocer la magnitud real del problema hacen falta mediciones sistemáticas, información pública y estudios que identifiquen los contaminantes, sus fuentes y las poblaciones expuestas.
Precisamente, esa información debería ser una prioridad nacional. Bolivia necesita conocer qué ríos están contaminados, qué sustancias contienen, cuáles son sus niveles de riesgo y qué actividades están contribuyendo a su deterioro. Sin una línea base y un monitoreo permanente, el Estado corre el riesgo de actuar cuando el daño ya sea difícil o costoso de revertir.
La regulación minera debe ir más allá de los permisos. Se necesitan controles en el terreno, análisis independientes del agua, fiscalización de las operaciones legales e ilegales y sanciones efectivas para quienes incumplan las normas. También deben establecerse obligaciones de reparación y garantías financieras para evitar que las comunidades y el Estado terminen pagando los costos de la contaminación.
La planificación territorial es igualmente importante. Antes de autorizar nuevas explotaciones, corresponde evaluar sus efectos sobre las cuencas, las fuentes de agua para consumo humano y riego, las tierras agrícolas y los ecosistemas. Hay zonas donde las medidas de mitigación pueden reducir los impactos; en otras, el riesgo podría exigir restricciones o impedir determinadas actividades.
El desafío no es enfrentar a los mineros con los agricultores. Es evitar que la rentabilidad de una actividad económica se consiga a costa de otra que también sostiene empleos, familias y abastecimiento alimentario.
Porque el mineral extraído genera ingresos, pero el agua y la tierra productiva sostienen la vida mucho después de que una mina cierre. Si Bolivia no protege esos recursos ahora, podría encontrarse mañana con un problema que no se resuelve simplemente invirtiendo más dinero.
Portada gentileza AJAM
Por Equipo de redacción
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