Roberto Castro fue proclamado nuevamente presidente de la Cámara de Diputados para la gestión 2026-2027, en una sesión marcada por enfrentamientos entre legisladores y cuestionamientos a la forma en que se definió la directiva.
La proclamación por aclamación, sin una votación nominal ni un conteo público de los respaldos, abrió dudas sobre el procedimiento y provocó el rechazo de legisladores de distintas fuerzas políticas. Algunos anunciaron que cuestionarán el resultado y pidieron repetir la elección.
En medio de ese escenario apareció Santamaría. El viceministro sostuvo que las dificultades para alcanzar acuerdos siempre acompañaron al Congreso y que los desacuerdos forman parte de su dinámica. Su pedido fue dejar atrás el episodio y concentrarse en el tratamiento de las leyes que necesita el Ejecutivo.
La explicación puede describir una realidad conocida de la política boliviana: las disputas parlamentarias no son nuevas. Sin embargo, que los conflictos sean habituales no significa que deban normalizarse ni que las observaciones sobre un procedimiento puedan despacharse como simples «raspones».
La Cámara de Diputados tiene reglas para elegir a sus autoridades. Si la proclamación fue correcta, corresponde demostrarlo; si hubo vulneraciones, deben existir mecanismos para examinarlas y resolverlas.
La calle tiene su propia lectura: los políticos no maduran, siguen atrapados en sus disputas mientras el país espera respuestas. Y el problema no es que discutan, porque para eso existe el Parlamento, sino que las diferencias terminen desplazando las reglas que deberían ordenar su funcionamiento.
Pasar la página puede ser una salida política, pero no sustituye la obligación de aclarar lo ocurrido. La institucionalidad no se recupera olvidando los incidentes, sino demostrando que las decisiones se adoptaron conforme a las normas.
Portada RRSS
Por Equipo de redacción
About Author
