El Presupuesto General del Estado 2027 proyecta un déficit fiscal de 6,7% del PIB, un crecimiento económico negativo de 1,5% y una inflación de entre 10,4% y 10,7%. Tres indicadores que describen el escenario en el que el Ejecutivo pretende administrar la economía: menos margen fiscal, menor actividad productiva y una presión persistente sobre el costo de vida.
La señal financiera es clara: el Gobierno busca reducir el desequilibrio entre ingresos y gastos. Pero la magnitud del desafío no se mide solamente por cuánto pretende ahorrar, sino por cómo financiará sus obligaciones sin asfixiar la actividad económica.
El presupuesto consolidado asciende a aproximadamente Bs 335.140 millones. La inversión pública proyectada supera los Bs 16.000 millones. Su impacto dependerá de la ejecución, de la selección de proyectos y de la capacidad de convertir las asignaciones presupuestarias en infraestructura, servicios y actividad económica.
Otro componente de peso son los subsidios a los combustibles. El Gobierno contempla alrededor de Bs 11.000 millones para sostenerlos. Es una decisión que mantiene una presión considerable sobre las finanzas públicas y que obliga a explicar cómo se compatibilizará esa factura con la reducción del déficit y los compromisos de ajuste fiscal asumidos ante organismos internacionales.
En paralelo, el presupuesto preserva los programas sociales, las pensiones y las transferencias a las regiones. El Ejecutivo informó que los recursos destinados a las entidades territoriales autónomas crecerán un 19%. Sin embargo, ese incremento no representa la aplicación del 50/50.
Aquí está uno de los principales asuntos pendientes del nuevo modelo económico y político.
El Gobierno y los nueve gobernadores acordaron avanzar hacia una nueva distribución de los recursos fiscales. La propuesta contempla una ley especial de coparticipación tributaria y distribución de recursos. Sin embargo, el PGE 2027 mantiene el esquema vigente y deja la reforma para un proceso legislativo posterior.
La diferencia es sustancial. Una cosa es aumentar las transferencias a gobernaciones y municipios y otra modificar la arquitectura financiera del Estado para que las regiones tengan una participación distinta en los ingresos públicos.
El 50/50 no es simplemente una consigna de negociación entre autoridades. Implica discutir quién recauda, quién administra, qué competencias asume cada nivel de gobierno y cómo se financian las responsabilidades públicas. Sin una fórmula legal y presupuestaria, los acuerdos políticos todavía no se traducen en autonomía financiera efectiva.
La Asamblea Legislativa tendrá que examinar no solamente las proyecciones macroeconómicas y el financiamiento del gasto, sino también la coherencia entre los compromisos políticos del Gobierno y las decisiones incorporadas en el presupuesto.
El PGE 2027 ordena las cuentas bajo las reglas actuales, pero no cambia todavía quién controla la distribución del dinero público. Esa es la distancia entre el ajuste fiscal que comienza a presupuestarse y la transformación del Estado que todavía se promete.
Por Equipo de redacción
About Author
