La declaración de Urioste abre una interrogante sobre la capacidad real de la Fiscalía para esclarecer los audios que involucran a actores políticos y autoridades gubernamentales: ¿cómo investigará técnicamente las grabaciones si no dispone de las herramientas especializadas para hacerlo?
El fiscal interino explicó que la ejecución presupuestaria de la institución supera el 85%, situación que podría impedir la compra del software. Por ello, señaló que acudirán a la cooperación internacional si es necesario.
El reconocimiento introduce una dificultad que va más allá de conseguir financiamiento. La Fiscalía puede conformar comisiones, convocar a declarar, recoger testimonios y ordenar diligencias preliminares. Sin embargo, esas actuaciones no sustituyen una pericia informática y acústica capaz de establecer la autenticidad, integridad y posibles modificaciones de los archivos.
Escuchar una grabación no es lo mismo que verificarla. Tampoco basta con comparar voces para establecer de dónde proviene un archivo, si fue editado o si conserva sus características originales. Son procedimientos que requieren especialistas, protocolos y herramientas forenses, según expertos en investigación.
La alternativa de recurrir a organismos internacionales puede facilitar el acceso a tecnología y conocimiento especializado, pero también supone gestiones, acuerdos y coordinación. No es una solución inmediata y, mientras no se concrete, los tiempos de la investigación quedan sujetos a esa disponibilidad.
Aquí aparece otra cuestión: la comisión de fiscales ya fue conformada, pero la institución todavía no tiene asegurado el instrumento tecnológico que considera necesario para realizar determinadas pericias. La investigación puede caminar en el ámbito testimonial y documental, pero su componente forense podría quedar pendiente.
Tampoco debe perderse de vista que una ejecución presupuestaria superior al 85% no explica por sí sola la imposibilidad de adquirir el software. La Fiscalía debería transparentar cuánto presupuesto tiene disponible, qué recursos puede reorientar y qué gestiones realizó para financiar la compra.
El riesgo es que una investigación que despertó interés público termine prolongándose mientras se resuelve cómo y con qué tecnología se analizarán las grabaciones. Y en un caso donde la credibilidad de los audios está en discusión, el tiempo también cuenta.
La ciudadanía no necesita únicamente una comisión que anuncie investigaciones. Necesita resultados sustentados en evidencia técnica, obtenidos con independencia y garantías de cadena de custodia.
Por Equipo de redacción
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