La posesión de Ortega abre una nueva etapa en la conducción del TSJ, pero también pone sobre la mesa una exigencia que trasciende el relevo de autoridades: transformar la justicia boliviana.
No se trata únicamente de cambiar procedimientos, aprobar nuevas normas o anunciar reformas. Se trata de recuperar la confianza en una institución cuya razón de ser es garantizar los derechos de las personas, aplicar la ley sin privilegios y ofrecer respuestas oportunas e imparciales.
Los procesos claros, transparentes y sujetos a controles son indispensables. Sin embargo, ninguna reforma tendrá resultados duraderos si no está acompañada de ética, principios y responsabilidad en quienes administran justicia.
La independencia judicial tampoco puede quedarse en un discurso. Debe reflejarse en decisiones que no respondan a presiones políticas, intereses particulares ni conveniencias circunstanciales. Un ciudadano no debería preguntarse quién está detrás de un proceso para saber si recibirá justicia.
Ortega planteó que la transformación debe involucrar al Ejecutivo, al Legislativo, las universidades, los colegios de abogados y la sociedad civil. La convocatoria puede abrir un espacio necesario de concertación, pero también exige preservar la independencia del Órgano Judicial. La reforma no puede convertirse en un mecanismo de reparto de influencia entre poderes.
El desafío es pasar de las declaraciones a los hechos: establecer qué se va a cambiar, cómo se hará, con qué plazos y bajo qué mecanismos de evaluación pública.
Porque una justicia que reconoce permanentemente sus propias deficiencias, pero no las corrige, termina convirtiendo la crisis en costumbre. Y cuando la justicia deja de ofrecer garantías, el ciudadano queda expuesto a la arbitrariedad.
Bolivia no necesita otra temporada de diagnósticos. Necesita una transformación que empiece por las instituciones, pero que también recupere algo esencial: la ética de quienes tienen en sus manos la libertad, los derechos y el destino de las personas.
Por Equipo de redacción
