La denuncia introduce al fútbol en una controversia que hasta ahora se concentraba en las relaciones entre autoridades judiciales y otros actores de poder. Rocha sostiene que existirían vínculos entre Costa, Mariaca y Saucedo, y plantea que deben investigarse las posibles implicaciones de esas relaciones con la iniciativa legislativa que busca incentivar la inversión privada en el deporte.
La diputada aseguró contar con informes y documentación, pero señaló que los mantiene bajo reserva para evitar que los involucrados puedan anticiparse a una eventual investigación. También pidió la intervención del Ministerio Público. Por ahora, sus afirmaciones constituyen una denuncia política que necesita respaldo documental y verificación independiente. No existe, con la información pública disponible, una resolución judicial que establezca responsabilidad penal de Costa, Mariaca o Saucedo por los hechos señalados.
El cuestionamiento alcanza al Proyecto de Ley 074, de Incentivo al Deporte, presentado por el Gobierno en febrero de 2026 y respaldado públicamente por el presidente de la FBF. La propuesta busca atraer recursos privados mediante incentivos económicos y beneficios tributarios para deportistas, clubes, federaciones y empresas patrocinadoras. El Senado aprobó la iniciativa en grande y por unanimidad el 13 de agosto.
Sin embargo, el debate sobre sus mecanismos de control ya había comenzado. El diputado Mario Reynoso advirtió sobre posibles vacíos de la propuesta y mencionó un dictamen del Colegio de Abogados de Cochabamba que, según su declaración, fue remitido a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). También aludió a observaciones relacionadas con estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La existencia y el alcance de esas observaciones deben contrastarse con el documento técnico correspondiente.
El punto central no es si el fútbol necesita inversión privada, sino bajo qué reglas se recibirán, registrarán y fiscalizarán esos recursos. Una ley de incentivos tributarios debe establecer controles suficientes sobre el origen de los fondos, la identidad de los aportantes, los beneficiarios y el destino efectivo del dinero. Los beneficios fiscales no constituyen por sí mismos mecanismos de lavado, pero tampoco pueden quedar al margen de controles de prevención.
Bolivia tiene antecedentes que justifican una vigilancia reforzada sobre la integridad del fútbol. Las denuncias de amaños y apuestas ilegales paralizaron el campeonato profesional en 2023. Además, el caso de Sebastián Marset y su vinculación con el club Los Leones de El Torno expuso los riesgos de la utilización de estructuras deportivas por intereses ajenos a la competencia. Estos antecedentes no prueban ninguna conexión con las personas señaladas por Rocha, pero muestran por qué la transparencia financiera en el deporte no es un asunto menor.
La FBF también presentó en octubre de 2026 un protocolo de integridad para combatir la manipulación de partidos. Ese esfuerzo institucional debe traducirse en mecanismos verificables de prevención, denuncia y cooperación con las autoridades.
La denuncia de Rocha plantea, por tanto, dos exigencias concretas: que la legisladora presente los elementos que dice tener y que el Ministerio Público determine si existen hechos que ameriten una investigación. Al mismo tiempo, corresponde que Fernando Costa responda a los señalamientos y que el contenido del proyecto de ley sea sometido a una revisión técnica independiente.
El fútbol puede recibir inversión y beneficios tributarios, pero no puede convertirse en una zona opaca para el manejo de recursos. La transparencia debe ser una condición de cualquier incentivo público, no una promesa posterior a la aprobación de la ley.
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Por Equipo de redacción
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