Seamos claros: cuando un partido llega al Gobierno, quienes hicieron campaña, pusieron el hombro, movilizaron gente o tienen vínculos con sus dirigentes esperan algún reconocimiento. En la práctica, los legisladores oficialistas tienen puertas abiertas en ministerios, empresas públicas y direcciones estatales. Van, recomiendan nombres y buscan espacios para los suyos. Así funciona buena parte de la política boliviana, aunque después se hable de meritocracia.
El problema aparece cuando la recomendación no encuentra respuesta favorable. Allí cambia el tono. Ya no se trata simplemente de sugerir profesionales, sino de reclamar porque no se contrató a los postulantes propuestos, cuestionar las decisiones de Recursos Humanos y recordar que desde la Asamblea Legislativa también se puede fiscalizar.
En la conversación difundida, Bilbao plantea acudir a otros diputados y a la ministra de Salud, además de recurrir a un pedido de informe. Formalmente, fiscalizar es una atribución constitucional. Pero utilizar esa herramienta como mecanismo de presión para conseguir que una institución contrate a determinadas personas sería otra historia.
Porque una directora puede recibir recomendaciones, revisar hojas de vida y decidir que alguien no reúne el perfil. Esa debería ser una decisión institucional, no una apuesta para calcular si después tendrá problemas con algún legislador.
Y aquí aparece el verdadero nudo: si una autoridad no hace caso a una recomendación política, ¿debe prepararse para una fiscalización legítima o para que le busquen hasta debajo de las piedras? La diferencia está en la finalidad de la actuación legislativa.
Tampoco se puede dar por probado que las personas recomendadas fueran familiares, colaboradores de campaña o allegados de la diputada. Eso requiere documentación y verificación. Pero la conversación sí obliga a preguntar quiénes integraban esa lista, quién los propuso y bajo qué criterios se pretendía incorporarlos.
El Gobierno de Rodrigo Paz tiene otro problema encima. Llegó al poder con un discurso de renovación y de cambio de las viejas prácticas políticas. Si sus propios legisladores reproducen la lógica de repartir cargos y presionar a quienes no cumplen sus recomendaciones, el discurso de meritocracia comienza a quedarse en propaganda.
La AISEM debe transparentar sus contrataciones y explicar si los procesos respetaron los requisitos profesionales. Bilbao, por su parte, debe aclarar el contenido y el propósito de sus gestiones.
Al final, los cargos públicos no son premios por hacer campaña, favores para los parientes ni cuotas que se cobran después de ganar elecciones. Son puestos financiados con dinero de todos.
Por Equipo de redacción
