La polémica comenzó con las declaraciones de Sebastián Daroca, presidente de YPFB, quien puso el 12 de enero de 2027 como fecha para retirar la subvención a la gasolina. La reacción no tardó. El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, salió a aclarar que no existe una fecha definida y que cualquier decisión dependerá de la preparación de mecanismos para proteger a los sectores vulnerables.
Pero faltaba otra voz. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, añadió un nuevo ingrediente a la discusión: «Ojalá que no» se tenga que levantar la subvención. También sostuvo que la eliminación no está en la agenda inmediata del Gobierno.
Y entonces aparece la pregunta: ¿quién está marcando la línea económica del Ejecutivo?
No estamos hablando de un asunto menor ni de una diferencia semántica. La subvención compromete recursos públicos, condiciona las cuentas fiscales y tiene efectos directos sobre el transporte, la producción y el costo de vida.
El Gobierno puede revisar sus decisiones, modificar cronogramas e incluso negociar las condiciones de sus compromisos internacionales. Lo que no puede hacer es transmitir tres mensajes distintos sobre una misma política pública y esperar que la población entienda qué está pasando.
Además, hay un dato que no se puede perder de vista: el acuerdo con el FMI, por aproximadamente 1.900 millones de dólares, contempla medidas de ajuste fiscal y el retiro de los subsidios a los combustibles. Por tanto, la declaración del vocero expresa una aspiración política, pero no explica cómo se compatibiliza esa aspiración con los compromisos económicos asumidos.
Tampoco basta con hablar de protección a los sectores vulnerables. El Ejecutivo debe explicar quiénes recibirán compensaciones, cuánto costarán, cómo se financiarán y qué mecanismos evitarán que el ajuste termine trasladándose a los precios de los alimentos, pasajes y otros servicios.
En la calle, la gente no necesita tres versiones oficiales. Necesita saber cuánto costará llenar el tanque, qué pasará con los pasajes y si el Gobierno tiene un plan para evitar otro golpe al bolsillo.
El problema ya no es solamente la subvención. Es la falta de una posición institucional clara frente a una decisión económica de enorme impacto.
Por Equipo de redacción
