La declaración de Óscar García merece atención porque pone sobre la mesa una práctica que suele manejarse entre bambalinas. El jefe de bancada del PDC justificó que los diputados pidan espacios en las reparticiones estatales porque hay personas que trabajaron durante la campaña, apoyaron al partido y también necesitan ganarse la vida.
El argumento puede parecer comprensible desde la lógica partidaria. Quienes colaboraron en una campaña también buscan oportunidades laborales. Pero una cosa es reconocer ese esfuerzo y otra convertir las instituciones públicas en espacios para pagar compromisos electorales.
El Estado no es una agencia de colocación del partido ganador. Los puestos públicos se financian con recursos de todos los ciudadanos y deben responder a perfiles profesionales, requisitos y necesidades institucionales.
Desde el propio oficialismo surgió otra posición. El diputado Manolo Rojas pidió investigar las denuncias y defendió que las contrataciones respondan a la meritocracia. Su planteamiento marca una diferencia con García: la participación en una campaña no debería sustituir la capacidad profesional como criterio para acceder a un cargo público.
Por su parte, el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, evitó adelantar conclusiones sobre las grabaciones e instó a quienes tengan conocimiento de estos hechos a presentar denuncias formales.
«Instamos a las personas que tengan conocimiento de estos hechos a que presenten denuncias formales para que la investigación corra conforme tiene que ser su curso», afirmó Gálvez.
La declaración coloca ahora una responsabilidad sobre quienes conocen los hechos: aportar elementos ante las instancias correspondientes. Sin embargo, también queda pendiente conocer si el Ejecutivo impulsará alguna verificación institucional de lo ocurrido, considerando que las denuncias involucran a legisladores del partido gobernante y a una entidad pública.
Los audios difundidos dan contexto a la controversia. En la primera grabación se escucha a la diputada Claudia Bilbao reclamar por personas que no habrían sido contratadas. La legisladora reconoció la autenticidad del audio, aunque sostuvo que fue editado y que no refleja toda la conversación.
Posteriormente se difundió otra grabación atribuida al diputado Alejandro Medinaceli, en la que se escucha una advertencia a la directora sobre su continuidad laboral. El contenido de ambas conversaciones y las circunstancias en que se produjeron deben ser investigados, sin anticipar responsabilidades.
Mientras tanto, en la conversación ciudadana también aparece una palabra bastante más directa. En la plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz se escucha llamar «oportunistas» a quienes, después de apoyar una campaña, buscan acomodarse en las instituciones del Estado.
Es una expresión de calle, no una calificación judicial. Pero refleja el malestar que puede generar la percepción de que los cargos públicos se distribuyen como premios políticos.
La Constitución, en su artículo 232, establece que la Administración Pública debe regirse por principios como competencia, imparcialidad, eficiencia y resultados. Haber trabajado en una campaña no constituye, por sí mismo, una calificación profesional ni un derecho preferente para conseguir un empleo estatal.
Los diputados tienen atribuciones de fiscalización, pero estas no deben convertirse en mecanismos para presionar a autoridades ejecutivas por contrataciones. Y el Gobierno, además de pedir denuncias, tiene el desafío de garantizar que las instituciones no funcionen bajo cuotas o compromisos partidarios.
La discusión no es si quienes hicieron campaña necesitan trabajar. Como cualquier ciudadano, tienen ese derecho. La cuestión es si el Estado debe convertirse en el mecanismo para pagarles ese esfuerzo.
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