El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, hizo un llamado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que apruebe de forma inmediata el proyecto de Ley 428/2024-2025, que establece el Principio de Preclusión. Esta normativa busca impedir que resoluciones judiciales reviertan etapas ya concluidas del calendario electoral, una situación que en el pasado generó caos institucional, como en el caso de las elecciones judiciales frustradas por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
La ley fue aprobada por la Cámara de Diputados el 15 de mayo de 2025 y está actualmente en manos del Senado, presidido por Andrónico Rodríguez, sin avances significativos. A pesar de que la Constitución otorga un plazo de 30 días para su tratamiento, la inacción del Senado —agravada por licencias de más de 40 legisladores— refleja la crisis de gobernabilidad en el Legislativo, sumido en divisiones entre arcistas, evistas, Comunidad Ciudadana (CC) y fuerzas emergentes como Alianza Popular.
Las declaraciones de Ávila han desatado un intenso debate en redes sociales. Mientras sectores oficialistas respaldan la ley como una garantía de integridad electoral, críticos —tanto de la oposición como del evismo— cuestionan que pueda blindar decisiones del TSE o limitar el acceso a la justicia para candidaturas observadas. La figura de Andrónico Rodríguez, señalado como posible afectado si no se aprueba la norma, ha encendido aún más la polarización digital.
Incluso el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, ha terciado en el debate pidiendo respeto a la preclusión. Sin embargo, esta intervención también ha sido leída por algunos actores como una presión indebida sobre el órgano judicial.
El tiempo para sancionar la ley no se ha agotado, pero la ventana se estrecha peligrosamente. A menos de tres meses de las elecciones, y con temas como la paridad de género en binomios aún estancados, la capacidad de la ALP para anteponer el interés nacional a las pugnas partidarias está en duda. De no lograrse un acuerdo, el proceso electoral de 2025 podría enfrentar una nueva oleada de judicialización, protestas sociales y deslegitimación.
Redaccion central
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