Lucio Gómez, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia (CSCB), ha sostenido una relación dinámica y, por momentos, contradictoria con el gobierno de Luis Arce Catacora. Como figura clave del transporte boliviano, ha alternado entre acuerdos institucionales y medidas de presión para defender los intereses de su sector en un contexto de creciente crisis económica.
En abril de 2024, tras la abrogación del Decreto Supremo 27932 —considerado lesivo por los transportistas—, Gómez calificó la decisión como “histórica” y expresó su respaldo al liderazgo de Arce de cara a una eventual reelección en 2025. Unos meses después, en julio, suscribió un acta de entendimiento con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, lo que permitió suspender un paro nacional tras compromisos para mejorar el abastecimiento de combustible y atender temas aduaneros.
Sin embargo, la sintonía se ha ido desgastando. En marzo de 2025, ante la persistente escasez de carburantes, Gómez encabezó un paro en El Alto exigiendo soluciones inmediatas, mejores infraestructuras viales y la destitución de funcionarios. Asimismo, la CSCB, bajo su dirección, rechazó la propuesta gubernamental de reducir en un 50% el parque automotor. A inicios de mayo, Gómez negó vínculos directos con el Ejecutivo y afirmó que su única lealtad está con las bases del sector transporte.
Su postura pone en evidencia la complejidad del vínculo entre los gremios y el gobierno, donde la negociación convive con la confrontación en una Bolivia marcada por la incertidumbre económica.
Redaccion central
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