En la reciente cumbre de los BRICS en Río de Janeiro, el presidente boliviano Luis Arce lanzó una propuesta audaz: «No más calificadoras internacionales», acusándolas de responder a intereses políticos que castigan a países como Bolivia con bajas calificaciones de riesgo. En contraste, el empresario Marcelo Claure, desde su perspectiva global, replicó que esas «malas notas» no son un complot externo, sino el reflejo del fracaso del modelo económico que Arce diseñó y aplicó. Este choque de visiones revela una fractura profunda sobre cómo enfrentar la crisis económica boliviana, pero un ángulo novedoso y poco explorado es cómo ambos ignoran el impacto de esta disputa en la confianza de los ciudadanos de a pie.
Arce, en su discurso en los BRICS, apuesta por un sistema financiero alternativo que libere a Bolivia de la influencia de agencias como Fitch, Moody’s y S&P, a las que señala por imponer sanciones económicas disfrazadas de evaluaciones técnicas. Su propuesta busca resonar con el sentimiento antiimperialista, presentando a las calificadoras como herramientas de dominación que dificultan el acceso al crédito internacional. Sin embargo, este enfoque pasa por alto un detalle crítico: las calificaciones, aunque imperfectas, son una señal que los mercados globales —y los propios bolivianos— usan para medir la estabilidad del país. Al rechazarlas sin un plan concreto para reemplazarlas, Arce arriesga generar más incertidumbre entre los ciudadanos, que ya sienten el peso del encarecimiento diario de alimentos, combustibles y servicios básicos, mientras luchan por planificar un futuro cada vez más incierto.
Por su parte, Claure defiende la validez de las calificadoras, argumentando que sus bajas notas son un «espejo» de las políticas económicas fallidas de Arce, desde su etapa como ministro hasta su presidencia. Según Claure, el problema no está en las agencias, sino en un modelo estatalista que ha llevado a Bolivia al borde del colapso, con reservas internacionales en mínimos históricos y un contexto económico que golpea el bolsillo de todos. Sin embargo, su postura también omite un aspecto clave: al respaldar a las calificadoras, Claure no aborda cómo estas, con sus criterios a menudo opacos, pueden amplificar la desconfianza de los bolivianos en su propio sistema económico, desincentivando el consumo y la inversión interna.
Lo que no se ha enfatizado en esta pugna es el impacto psicológico y social en la población. Mientras Arce y Claure debaten sobre quién tiene la razón —si las calificadoras son el problema o el síntoma—, los ciudadanos enfrentan una crisis de confianza. La retórica de Arce puede inspirar a algunos, pero sin resultados tangibles, alimenta el escepticismo. Por otro lado, la defensa de Claure de las calificadoras, aunque apunta a la responsabilidad gubernamental, no ofrece soluciones para quienes ven en esas «malas notas» una condena a su futuro económico. Esta disputa, más allá de sus méritos, deja a los bolivianos atrapados entre dos narrativas que no logran conectar con su realidad diaria: la lucha por llegar a fin de mes.
La novedad aquí no está en elegir un bando, sino en reconocer que ambos enfoques descuidan el impacto de sus posturas en la moral ciudadana. Un sistema financiero alternativo, como propone Arce, podría ser una meta a largo plazo, pero sin medidas inmediatas para estabilizar la economía, suena a promesa vacía. Del mismo modo, la crítica de Claure, aunque certera en señalar fallos, no propone cómo recuperar la confianza de una población que ve las calificaciones como un veredicto implacable.
En este tira y afloja, Bolivia necesita menos acusaciones y más puentes para que los ciudadanos no solo entiendan la crisis, sino que crean en un camino hacia la recuperación. La verdadera salida no está en el discurso ni en la calificación, sino en reconstruir un pacto mínimo de confianza entre el gobierno, el empresariado y la ciudadanía.
Por Manuel Rodríguez, analista invitado
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