La Paz, 10 de julio de 2025 – La crisis del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia se profundiza con la autoprórroga de cinco magistrados, encabezados por Yván Espada y Gonzalo Hurtado, quienes justifican su permanencia en el cargo mediante la Declaración Constitucional 049/2023. Esta decisión extiende indefinidamente su mandato hasta la elección de nuevas autoridades judiciales, generando críticas por vulnerar el artículo 183 de la Constitución, que establece un mandato de seis años sin reelección. La situación ha desatado un debate público, con voces como la del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé y el ciudadano Juan Chipana exigiendo que instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y los nuevos magistrados del TCP tomen medidas.
Los magistrados autoprorrogados –Espada, Hurtado, Olvis Egüez, Claudia Castro y René Delgado– han emitido fallos de alto impacto político, como la Sentencia 0770/2024-S4, que suspendió las elecciones judiciales en cinco departamentos, garantizando su permanencia, y el Auto 0083/2024-ECA, que ratificó la inhabilitación de Evo Morales para las elecciones de 2025. Estas decisiones, junto con la validación del congreso arcista del MAS mediante la Sentencia 0776/2024-S4, han sido interpretadas como un respaldo al gobierno de Luis Arce, alimentando acusaciones de politización del TCP. La elección de Hurtado como presidente del tribunal en noviembre de 2024 reforzó el control del bloque autoprorrogado, pese a la incorporación de cuatro nuevos magistrados en diciembre de 2024.
Juan Chipana, en una publicación de su red social, calificó a los cinco magistrados como “delincuentes confesos” por usurpar funciones y emitir sentencias sin competencia legal. Acusó al Ministerio de Economía de financiar sueldos ilegítimos con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), a la Contraloría de permitir el manejo indebido de fondos públicos y a la Fiscalía de no actuar por presunta influencia gubernamental. Por su parte, Rodríguez Veltzé cuestionó la pasividad del Fiscal General, el Procurador, el Contralor y los nuevos magistrados, calificando la situación de “inexplicable”. Estas posturas reflejan una creciente indignación compartida por la oposición, el “evismo” y sectores de la sociedad civil, que ven en la autoprórroga un abuso de poder que debilita la democracia.
La Fiscalía General, no ha iniciado investigaciones contra los magistrados pese a denuncias de legisladores por delitos como usurpación de funciones o prevaricato. La falta de acción se atribuye a la necesidad de una autorización por dos tercios de la Asamblea Legislativa, donde la polarización entre “arcistas” y “evistas” bloquea cualquier avance, además de la percepción de que el Fiscal estaría alineado con el gobierno. La Procuraduría General, no ha cuestionado la legalidad de los fallos del TCP, posiblemente debido a su carácter inapelable o a la falta de independencia frente al Ejecutivo. La Contraloría General, tampoco ha auditado los salarios de los magistrados autoprorrogados, que se estiman entre 25.000 y 30.000 bolivianos mensuales por magistrado, pese a que la Ley 027 le ordena supervisar al TCP.
Esta falta de iniciativa podría deberse a presiones políticas o a la dificultad de desafiar a un tribunal que se autoproclama legítimo. Por su parte, los cuatro nuevos magistrados electos en diciembre carecen del poder suficiente para revertir la prórroga, ya que los autoprorrogados mantienen la mayoría en la Sala Plena.
Sin un consenso legislativo para autorizar juicios de responsabilidades o convocar elecciones judiciales completas, los magistrados autoprorrogados seguirán ejerciendo funciones, perpetuando la crisis.
La autoprórroga de los magistrados del TCP, respaldada por decisiones controvertidas, ha generado una crisis de legitimidad que pone en duda la independencia judicial en Bolivia. Las críticas de figuras como Chipana y Rodríguez Veltzé evidencian la necesidad de una respuesta institucional clara, pero la inacción de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y los nuevos magistrados refleja un sistema atrapado por la polarización y la falta de voluntad política. La resolución de esta crisis dependerá de la capacidad de las instituciones y de la sociedad para exigir transparencia y restablecer el estado de derecho.
Redaccion central y agencias
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