En Bolivia, un nuevo caso de fraude tributario pone en evidencia fallas graves en los controles del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). La activista María Galindo, a través de Radio Deseo, denunció que una persona fue cargada con más de medio millón de bolivianos en deudas impositivas por un Número de Identificación Tributaria (NIT) obtenido fraudulentamente, utilizando su identidad robada tras la pérdida de su carnet. Pese a la existencia de un peritaje oficial que demuestra la suplantación, las autoridades tributarias no anulan la deuda y exigen a la víctima iniciar un proceso penal incierto.
El drama de las víctimas de fraudes tributarios ha vuelto a la luz pública. María Galindo, activista feminista y líder de Mujeres Creando, denunció en Radio Deseo (103.3 FM) el caso de una persona que enfrenta una deuda tributaria superior a Bs. 500.000, producto de un Número de Identificación Tributaria tramitado de forma fraudulenta tras perder su carnet de identidad.
Un peritaje oficial confirmó que la firma del registro no corresponde a la persona afectada y que el domicilio declarado es falso, demostrando claramente una suplantación de identidad. A pesar de esta prueba contundente, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) no ha anulado administrativamente la deuda, como permitiría el artículo 78 del Código Tributario (Ley N° 2492). Por el contrario, solicitó a la víctima iniciar un proceso penal sin precisar contra quién, dejando a la persona en una situación de vulnerabilidad e incertidumbre jurídica.
Según Galindo, este no es un caso aislado y revela un fallo sistémico en los controles tributarios del país, que afecta con mayor fuerza a los sectores más vulnerables. La activista exigió que el SIN deje de revictimizar a los ciudadanos y cumpla con la depuración de registros fraudulentos.
La persona afectada puede solicitar la anulación administrativa de la deuda ante el SIN, conforme al artículo 78 del Código Tributario; presentar un recurso de alzada ante la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) dentro de los próximos 20 días hábiles, conforme al Decreto Supremo N° 27310; y denunciar penalmente la suplantación de identidad por el delito de falsedad material (artículo 198 del Código Penal) ante el Ministerio Público, pidiendo la colaboración del SIN para identificar al autor del fraude.
Asimismo, especialistas recomiendan a la población proteger cuidadosamente sus documentos personales, ya que la pérdida o robo del carnet de identidad puede ser utilizada por terceros para cometer delitos financieros o tributarios que afectan gravemente a las víctimas. La suplantación de identidad no solo genera deudas injustas, sino también largos procesos legales para limpiar el historial tributario y penal.
Por otro lado, se advierte que la administración tributaria debería ser la primera en iniciar un proceso penal contra quién o quiénes registraron el NIT fraudulento, ya que cuenta con las facultades de fiscalización, verificación documental y acceso a la base de datos que podría identificar a los autores materiales del delito. Dejar esta responsabilidad únicamente en manos de la víctima agrava su vulnerabilidad y muestra una ausencia de protección estatal.
Mujeres Creando y Radio Deseo llamaron a las autoridades a actuar con urgencia para proteger a los ciudadanos del abandono institucional y el abuso tributario, y convocaron a la sociedad a difundir el caso en redes sociales y medios de comunicación.
Redaccion central
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