En Bolivia, el contrabando no es un secreto: es una costumbre. Desde un shampoo traído en mochilas desde Perú hasta celulares que cruzan la frontera en doble fondo desde Chile, los productos sin tributo ni factura circulan con naturalidad en ferias, tiendas y hasta en redes sociales. Lo más inquietante ya no es su ilegalidad, sino la aceptación social que ha ganado. Es parte del paisaje.
Por eso, cuando Jaime Dunn, economista y excandidato, lanzó la pregunta “¿quién no ha comprado un producto de contrabando?”, no está buscando una confesión, sino revelando una verdad compartida. La mayoría lo ha hecho. Lo sigue haciendo. No por rebeldía ni por delito, sino porque, en muchos casos, es la única alternativa viable para acceder a ciertos productos. Y eso revela algo más profundo: que lo legal se ha vuelto inaccesible para muchos.
Un ejemplo basta para entenderlo. Un minibús que cuesta 14,000 dólares en origen puede llegar a costar el doble al tocar suelo boliviano. Gravámenes arancelarios, IVA, ICE, trámites, tiempos, escasez de divisas y sobrecostos logísticos se suman para duplicar el precio. La pregunta no es por qué la gente prefiere el contrabando, sino cómo alguien aún intenta importar legalmente. En esta lógica, lo informal no es una excepción: es lo que funciona.
Pero entonces, ¿el contrabando es el problema o es el síntoma de algo más grave? Todo apunta a lo segundo. Las normas que deberían garantizar el orden económico se han transformado en una trampa para quien quiere formalizarse. Mientras más intenta alguien cumplir, más obstáculos encuentra. Mientras más quiere alguien invertir, más costos se le imponen. Así, el sistema termina castigando al que quiere hacer las cosas bien y premiando al que sabe moverse por fuera.
La Aduana Nacional intensifica operativos. Incauta toneladas de mercadería y emite comunicados que muestran éxito operativo. Sin embargo, mientras el contrabando sea más barato, más rápido y más simple, seguirá siendo la vía elegida por la mayoría. No por evasión, sino por lógica. En los hechos, la legalidad se ha vuelto una vía lenta, cara y excluyente. El contrabando, en cambio, ha mutado de delito a respuesta racional.
Lo más llamativo es el silencio de los sectores que sí podrían cambiar esta realidad. Legisladores, tecnócratas, entidades del gobierno, raramente empujan una reforma estructural. ¿Por qué? Porque muchos intereses están cómodos con el caos. Porque la recaudación pública depende de impuestos altos y la eficiencia se mide por la recaudación no por el contrabando y, entonces parece ser mejor la complejidad. Y porque el consumidor ya se adaptó a vivir en el filo de la legalidad.
Reducir aranceles, como proponen Dunn y otros, es solo una pieza del rompecabezas. La verdadera tarea es más compleja: requiere rediseñar un sistema tributario que no ahogue al pequeño importador; garantizar acceso a dólares sin sobreprecios; modernizar la logística portuaria y aduanera; y, sobre todo, reconstruir la confianza en la formalidad como camino posible. Sin ese cambio integral, la legalidad seguirá siendo un privilegio para pocos, y el contrabando, la norma para muchos.
En el fondo, la pregunta de Dunn –“¿quién no ha comprado contrabando?”– no busca culpables. Es una interpelación al sistema. Porque si casi todos lo hacemos, la culpa no es del ciudadano. Es del modelo que nos fuerza a elegir entre sobrevivir o cumplir. Y si el modelo castiga al que cumple, el problema no es el contrabando: es el país que lo necesita para seguir funcionando.
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