Un silencio que duele en las cárceles bolivianas. Allí, en celdas donde el espacio es apenas un recuerdo, más de 33,000 personas esperan un fallo que les devuelva la vida. La mayoría, un 58.2%, están en prisión preventiva, con el alma cargada de incertidumbre y derechos vulnerados.
Pedro Callisaya, Defensor del Pueblo, alza la voz en defensa de quienes están atrapados en esta espera oscura, rodeados por un hacinamiento que excede el 105%, y condiciones que erosionan no solo sus cuerpos, sino también su dignidad. Entre ellos, mujeres que representan un 62.4% de esta población preventiva, soportan una doble carga de miedo y soledad.
El reciente llamado urgente del Tribunal Supremo de Justicia para revisar la situación de detención preventiva de figuras políticas como Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari ha reabierto un debate crucial: ¿qué pasa con el resto de Bolivia? Esta medida, que de concretarse significaría justicia y reparación para algunos, debe ser la chispa que encienda el cambio en todo el sistema penitenciario.
«Detrás de cada número, hay una persona que sueña, que sufre, que espera», dice Callisaya, quien insta a una revisión amplia y humanitaria del sistema judicial para evitar que la prisión preventiva se convierta en condena sin juicio.
Este no es solo un llamado legal, es un reclamo de humanidad en un país donde la justicia tarda años y la esperanza suele agotarse en la sombra de los muros carcelarios.
El camino es claro: revisar, liberar y dignificar. Porque en Bolivia, la libertad no puede ser solo un privilegio para unos pocos.
Redaccion central La Paz
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