Tras las elecciones generales del 17 de agosto, Bolivia entra en la recta final hacia una segunda vuelta presidencial entre el PDC y Alianza Libre, en medio de la crisis económica más severa de las últimas dos décadas. Reservas internacionales debilitadas, inflación de dos dígitos y un déficit fiscal que supera el 10% del PIB dejan al próximo gobierno sin margen de error: estabilizar sin quebrar la paz social será la tarea inmediata.
De acuerdo con cifras del FMI y del Banco Central, el déficit fiscal se mantiene en torno al 12% del PIB, las reservas líquidas apenas alcanzan los USD 153 millones y la inflación interanual rozó el 25% en julio. La producción de gas, principal fuente de divisas durante dos décadas, se ha reducido a unos 28 millones de metros cúbicos por día, obligando al país a depender crecientemente de la minería y de la importación de combustibles. Mientras tanto, el tipo de cambio oficial de Bs 6,96 por dólar perdió toda credibilidad frente a un mercado paralelo que ya se mueve por encima de los 13 bolivianos. Todo ello en un contexto de deuda pública que rebasa el 90% del PIB y un acceso a financiamiento internacional cada vez más estrecho.
El camino fiscal es ineludible. La meta de los próximos cuatro años será llevar el déficit al 5% del PIB. Para ello, analistas y organismos internacionales recomiendan una reducción gradual de subsidios a los combustibles, que cuestan más de USD 2.500 millones al año, acompañada de compensaciones directas a hogares vulnerables y transportistas para evitar protestas como las de 2019. A ello debe sumarse una reforma tributaria que eleve la presión del 16% al 18% del PIB sin castigar a la economía popular, ampliando la base de contribuyentes, cerrando exenciones regresivas y creando incentivos para repatriar divisas.
Sin financiamiento externo no habrá margen de maniobra. El próximo gobierno tendrá que negociar de inmediato con el FMI, el BID y la CAF para obtener al menos USD 2.000 millones, estabilizar reservas y renegociar vencimientos de deuda. Transparencia, cumplimiento de metas fiscales y auditorías en tiempo real serán condiciones indispensables para recuperar la confianza.
La diversificación también será decisiva. Reorientar al menos USD 1.000 millones anuales hacia proyectos de litio, energías renovables y turismo es la apuesta para generar nuevas divisas, reducir la dependencia de combustibles fósiles y apuntalar un crecimiento del 3% hacia 2027. Mantener una producción de gas en el rango de 27 a 30 millones de metros cúbicos por día será clave como colchón mientras maduran los nuevos sectores.
El escenario político añade complejidad. Con un Congreso fragmentado —PDC con 51 escaños, Alianza Libre con 43 y Unidad con 22—, cualquier reforma requerirá acuerdos multipartidistas. La economía popular, que emplea al 70% de la población, deberá estar incluida en la mesa para evitar bloqueos sociales. La transparencia en las compras públicas y la descentralización fiscal podrían convertirse en fichas de negociación para destrabar consensos.
Los riesgos son múltiples: protestas por el encarecimiento de combustibles, resistencia parlamentaria, volatilidad de precios internacionales o fenómenos climáticos como El Niño. La única salida es un plan de estabilización que combine disciplina fiscal, protección social y claridad comunicacional.
La conclusión es clara: el próximo gobierno no podrá elegir entre ajuste o crecimiento, sino diseñar una estrategia que conjugue ambos. Si logra reducir subsidios, ordenar cuentas y atraer financiamiento con respaldo político y social, Bolivia podrá encaminarse hacia un modelo más diversificado y sostenible. Si no, la crisis del 2025 podría convertirse en un punto de quiebre histórico para el país.
Redaccion central Santa Cruz
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