Entre brochazos de optimismo y promesas de un “nuevo mar de gas”, el gobierno del MAS intenta despedirse mostrando un país fortalecido. Sin embargo, la realidad económica apunta a un cuadro distinto: agujeros fiscales maquillados, reservas internacionales menguadas y un tipo de cambio sostenido con alfileres. El analista Gonzalo Chávez resumió con ironía el escenario: “No mamen”.
Bolivia encara el segundo semestre del 2025 con la economía más frágil de las últimas dos décadas: reservas internacionales al borde del agotamiento, inflación de dos dígitos y un déficit fiscal que supera el 10% del PIB. El nuevo gobierno que emerja de la segunda vuelta —ya sea del PDC o de Alianza Libre— recibirá un país polarizado, con un Congreso fragmentado y una ciudadanía cansada de promesas. La pregunta es cómo estabilizar sin quebrar la paz social.
En medio de una economía tensionada y con el dólar escaso en el país, el Gobierno advierte que la obstrucción de créditos en el Legislativo paraliza su capacidad de acción. El ministro Sergio Cusicanqui lanza una advertencia directa: sin financiamiento externo, el Ejecutivo opera «con una sola mano».
La crisis económica en Bolivia se profundiza. El presidente Luis Arce advirtió que el abastecimiento de diésel y gasolina está en riesgo debido a la falta de aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa, mientras las filas en surtidores y las protestas sociales evidencian una creciente tensión política y económica.
En medio de una creciente presión social por la escasez de combustibles, el agio y el contrabando a la inversa, el presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció un paquete de 11 medidas inmediatas y 7 decretos supremos para mitigar los efectos de la crisis económica. Sin embargo, desde el sector agroproductivo, liderado por la CAO, advierten que sin coordinación efectiva y acciones estructurales, los efectos seguirán impactando a las familias bolivianas.
La frustración de los consumidores bolivianos crece al ritmo de los precios, mientras el Viceministerio de Defensa del Consumidor enfrenta críticas por su limitada efectividad. La presión inflacionaria, alimentada por la dependencia de importaciones, el contrabando y una débil regulación, reabre el debate sobre el salario mínimo y la necesidad de reformas estructurales.
