El discurso del vicepresidente electo Edmand Lara ante una cumbre empresarial en Santa Cruz fue, sin duda, el más celebrado de la jornada. Habló sin papeles, directo al corazón del empresariado: prometió mano dura contra los avasallamientos, seguridad jurídica y un alivio tributario inspirado en el modelo paraguayo. “Me gusta mucho el modelo tributario del Paraguay… vamos a copiar ese modelo para atraer inversión”, dijo, generando aplausos espontáneos entre los asistentes.
El mensaje sonó fresco, incluso esperanzador, para un sector privado que ha vivido años de asfixia impositiva y desconfianza. Pero más allá del entusiasmo, la propuesta de “copiar” el esquema paraguayo exige una lectura cuidadosa del contexto boliviano.
Porque si Paraguay logró tasas bajas y competitivas —con un IVA del 10 % y una renta empresarial de igual proporción— fue gracias a un Estado pequeño, sin subsidios masivos ni empresas públicas deficitarias. Bolivia, en cambio, sostiene un aparato estatal pesado, con programas sociales y subvenciones que no pueden financiarse sin una recaudación sólida.
El peligro de mirar solo las cifras y no las estructuras es creer que bajar impuestos basta para atraer inversión. En realidad, la confianza empresarial nace de la previsibilidad, de un Estado que cumpla su palabra, que proteja la propiedad privada y no castigue al que produce.
Es allí donde Lara tiene razón: la seguridad jurídica es más valiosa que cualquier exoneración fiscal. Y su llamado a “limpiar” la burocracia y sancionar la corrupción institucional toca una herida profunda del país.
Sin embargo, el otro componente del equilibrio es la sostenibilidad fiscal. Un Estado que promete rebajar impuestos sin revisar su gasto público, sin simplificar trámites y sin modernizar su administración, corre el riesgo de vaciar sus propias arcas. Y al final, la factura siempre la paga el ciudadano.
Por eso, copiar el modelo paraguayo puede ser una buena inspiración, pero no una receta automática.
Bolivia necesita su propio modelo: uno que facilite procesos
tributarios con responsabilidad fiscal, inversión con ética pública, y eficiencia estatal con justicia tributaria.
El país no requiere un Estado voraz, pero tampoco uno famélico. Lo que urge es un Estado inteligente.
El desafío de Lara y del gobierno que encabezará Rodrigo Paz será demostrar que la seguridad jurídica y la recaudación justa pueden convivir. Solo entonces el aplauso del empresariado se convertirá en inversión real, y la promesa de “producir más, exportar más y confiar más” dejará de ser un eslogan para transformarse en política de Estado.
Por Manuel Rodríguez, analista invitado
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