La Ley 1352 de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional, promulgada en 2020, vuelve a cobrar protagonismo tras el cambio de gobierno. Esta norma establece que las autoridades salientes —incluidos el presidente, vicepresidente, ministros, viceministros y directores de empresas públicas— deben permanecer en el país por tres meses después de cesar en sus funciones.
El objetivo es claro: evitar fugas, permitir auditorías y facilitar la rendición de cuentas ante las instituciones de control. En otras palabras, ningún exfuncionario puede abandonar el territorio nacional sin antes cumplir con las obligaciones administrativas y legales que dejó su gestión.
Fuentes oficiales confirmaron que la Contraloría General del Estado remitió la lista de exautoridades a la Dirección General de Migración, para que se activen las alertas respectivas. Paralelamente, la INTERPOL Bolivia y la Policía Boliviana implementaron un operativo especial en 31 puntos fronterizos y los principales aeropuertos del país, con el fin de controlar movimientos migratorios.
El coronel Juan Carlos Bazoalto, director nacional de INTERPOL, explicó que el control se extenderá durante todo el período de restricción y que se notificó a todas las unidades fronterizas sobre las autoridades con arraigo vigente.
Sin embargo, el debate político no se hizo esperar. Algunos juristas advierten que el cumplimiento del arraigo debe ser estrictamente administrativo, y que no puede convertirse en una forma de hostigamiento. Otros sectores, en cambio, consideran que la norma debería ampliarse a todas las autoridades con manejo de fondos públicos, sin distinción jerárquica.
Redacción central La Paz
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