Dom. Nov 22nd, 2026

Lara pide sanciones duras por el caso Cotapachi, pero el debido proceso exige una investigación completa

La tragedia de Cotapachi sacudió al país: dos muertos, heridos, un subteniente señalado y un vicepresidente exigiendo sanciones inmediatas. Pero en medio del clamor político, una verdad jurídica se impone: antes de cualquier castigo, Bolivia necesita una investigación impecable que determine qué pasó realmente en ese operativo.

El pronunciamiento del vicepresidente Edmand Lara sobre el caso Cotapachi volvió a encender el debate nacional sobre el uso de la fuerza policial y la responsabilidad del Estado. Tras pedir la pena máxima y la baja definitiva para el subteniente acusado de disparar y causar dos muertes en el operativo de desbloqueo, expertos y ciudadanos recuerdan que antes de cualquier sanción debe concluir una investigación seria y técnica que esclarezca lo ocurrido.

La Fiscalía de Cochabamba ya abrió un proceso penal y anunció la imputación preliminar del oficial, identificado como presunto autor material de los disparos. Sin embargo, organismos jurídicos remarcan que la responsabilidad penal solo puede establecerse después de pericias balísticas, reconstrucción de hechos, revisión de protocolos y declaraciones de todos los involucrados. “La investigación es la que determina la verdad jurídica; las sanciones vienen después”, advierten.

En paralelo, la Policía debe realizar su propio proceso disciplinario para verificar si el efectivo actuó en un contexto permitido, si violó normas de control de multitudes o si existieron órdenes superiores que habilitaron el uso de un arma letal, prohibida para ese tipo de operativos. Solo una falta gravísima comprobada permitiría la baja definitiva.

El caso Cotapachi, que dejó dos muertos y varios heridos, también reabre el debate sobre protocolos y responsabilidades en intervenciones estatales. Mientras continúa la investigación, analistas recomiendan evitar juicios anticipados que puedan ser usados por la defensa para alegar persecución o vulneración al debido proceso. Una resolución basada en pruebas será clave para garantizar justicia, evitar impunidad y sentar precedentes institucionales en Bolivia.

Redacción central La Paz

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