La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) enfrenta cuestionamientos crecientes por el funcionamiento del B-SISA, el sistema de control de venta de combustibles que, a más de una década de su implementación, no logra frenar las irregularidades. Pese a que la entidad anunció la cancelación de miles de tarjetas por “carnets inexistentes” y “cargas injustificables”, en la práctica autos clonados, vehículos indocumentados y tarjetas falsificadas siguen cargando combustible sin mayor dificultad en todo el país.
Las denuncias se multiplican en surtidores de Cochabamba, Santa Cruz, El Alto y zonas fronterizas, donde transportistas y usuarios aseguran que vehículos con placas duplicadas —o directamente falsificadas— pasan por el sistema sin que se active ninguna alerta. Esto evidencia una falla crítica: el B-SISA no cruza adecuadamente sus registros con el RUAT ni el Segip, lo que permite que dos vehículos con la misma placa carguen como si fueran uno solo. La ANH ha reconocido que la plataforma digital “no es suficiente” para detectar fraude ni detener el desvío de combustibles.
A las deficiencias técnicas se suman las redes de falsificación de tarjetas B-SISA, descubiertas en los últimos años en Cochabamba y El Alto, donde se vendían chips ilegítimos entre Bs 150 y Bs 300. El sistema tampoco cuenta con verificación real de autenticidad, por lo que una tarjeta clonada o comprada en el mercado negro puede ser leída por las antenas del surtidor como válida. Esto facilita que vehículos “chutos” o con información incompleta en la base de datos accedan al diésel o gasolina subvencionada.
En paralelo, auditorías internas y reportes públicos han identificado registros asociados a personas fallecidas, propietarios inexistentes, inconsistencias entre chasis y placa, y cargas que superan la capacidad del tanque declarado, un fenómeno catalogado como “carga injustificable”. Todo esto alimenta el diagnóstico que ya circula en el propio Gobierno: el B-SISA, lejos de ser un mecanismo de control eficiente, se ha convertido en un sistema desactualizado, vulnerable y permeable al fraude, lo que impacta directamente en el gasto fiscal por subvención y en la lucha contra el contrabando de combustibles.
Redacción central La Paz
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