Asambleístas de distintas bancadas han comenzado a exigir mayor transparencia al Órgano Ejecutivo antes de aprobar créditos y autorizar el destino de recursos públicos, en un contexto marcado por la desconfianza institucional y los antecedentes de mala gestión del pasado. La demanda apunta a que el Gobierno presente informes técnicos claros, destinos específicos y mecanismos de control, evitando autorizaciones genéricas que luego limiten la fiscalización.
Desde la bancada de Libre, legisladores han planteado que ningún crédito ni reasignación de recursos debería ser aprobado sin que el Ejecutivo explique con precisión cómo, dónde y bajo qué criterios se ejecutarán los fondos. El énfasis está puesto en la responsabilidad del Legislativo de evaluar riesgos fiscales y garantizar que los recursos públicos no repitan esquemas opacos que ya provocaron daño institucional.
En la misma línea, el vicepresidente Lara ha advertido que la Asamblea no puede actuar como una instancia meramente administrativa. Señalan que el rol constitucional del Parlamento incluye control político, seguimiento a la ejecución y rendición de cuentas, más aún en un escenario de restricción fiscal y endeudamiento creciente.
El trasfondo de esta exigencia es claro: evitar que se repitan errores del pasado, como ocurrió con programas y fondos que terminaron en escándalos por falta de control, siendo el caso del Fondo Indígena el antecedente más citado. En ese marco, la demanda de transparencia no busca frenar la gestión del Ejecutivo, sino reconstruir confianza, fortalecer la institucionalidad y garantizar que cada decisión sobre recursos públicos tenga respaldo técnico y político verificable.
Redacción central La Paz
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