La decisión del Gobierno nacional de permitir que gobernaciones y municipios ejecuten solo el 20% de su presupuesto programado para la gestión 2026 ha encendido las alarmas en todo el país, debido al riesgo que representa para la continuidad de servicios básicos y programas sociales. La medida, dispuesta por el Ministerio de Economía de forma temporal mientras se reformula el Presupuesto General del Estado (PGE), afecta a todas las entidades territoriales autónomas.
La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) y asociaciones departamentales de municipios se declararon en estado de emergencia, advirtiendo que con ese margen de gasto no es posible cubrir áreas sensibles como salud, educación, aseo urbano, seguridad ciudadana ni el pago de personal y proveedores. Alcaldes de distintas regiones coinciden en que la restricción paraliza la ejecución de obras y compromete programas como el desayuno escolar y proyectos de inversión pública.
Las gobernaciones también expresaron su preocupación, señalando que la limitación genera incertidumbre administrativa y financiera, especialmente en áreas vinculadas a desarrollo productivo, mantenimiento de infraestructura y atención social. Algunas autoridades departamentales ya solicitaron al Ministerio de Economía la habilitación de mayores techos presupuestarios para garantizar la operatividad institucional y evitar la interrupción de servicios esenciales.
Desde el Ejecutivo se sostiene que la medida responde a la emergencia económica, financiera y energética declarada a fines de 2025, y que el límite del 20% puede ser revisado caso por caso, previa evaluación técnica. Sin embargo, los gobiernos subnacionales insisten en que la restricción vulnera la planificación y la autonomía, y exigen una salida inmediata que permita ejecutar el presupuesto aprobado sin poner en riesgo la gestión pública ni la atención a la población.
Redacción central La Paz
