El proceso está radicado en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, instancia responsable de garantizar las notificaciones formales a los más de veinte acusados. Sin ese paso procesal, el juicio oral no puede instalarse. El problema es simple y a la vez alarmante: no hay presupuesto para reproducir el voluminoso expediente que incluye la acusación del Ministerio Público y de las partes particulares.
En la práctica judicial boliviana, estos costos muchas veces terminan siendo asumidos por familiares o allegados de los procesados. Sin embargo, esa “solución” informal abre cuestionamientos sobre igualdad procesal y responsabilidad institucional. La administración de justicia no puede depender de la capacidad económica de terceros para avanzar.
El caso tiene un trasfondo político y militar de alto impacto. Se refiere a los hechos de junio de 2024 en la Plaza Murillo, protagonizados por el entonces general Juan José Zúñiga, que el Gobierno calificó como intento de golpe de Estado. No es un proceso menor: involucra estabilidad institucional y responsabilidad penal en uno de los episodios más tensos de los últimos años.
Más allá del debate administrativo, lo que está en juego es el derecho al debido proceso y a una resolución en plazo razonable. La paralización por falta de recursos convierte un problema logístico en una señal estructural de crisis. Sin juicio no hay determinación, y sin determinación no hay justicia ni para acusadores ni para acusados.
Por: Equipo de redacción
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