Doria Medina defendió la apertura exportadora como un paso correcto, pero planteó que el mercado interno debía protegerse mediante acuerdos verificables con los productores. Sin embargo, su afirmación parte de la premisa de que la liberación de exportaciones quedó firme, algo que en los hechos no ocurrió plenamente.
El Decreto Supremo 5503 eliminó el Certificado de Abastecimiento Interno y la licencia previa de exportación, pero la reacción inmediata de la Central Obrera Boliviana forzó al Gobierno a retroceder. La presión sindical dejó sin efecto la aplicación plena de la medida, manteniendo el esquema de control previo.
En ese punto, Garafulic tiene base cuando señala que la eliminación fue revertida. No hubo una liberalización estable y sostenida. La exportación siguió condicionada, pese al anuncio inicial de apertura.
Paradójicamente, donde sí hubo decisión firme fue en la importación: el arancel para ingresar soya quedó en cero. Esto generó malestar entre pequeños y medianos productores, que perciben una asimetría en la política pública: se flexibiliza la entrada de producto extranjero mientras la salida nacional permanece sujeta a incertidumbre normativa.
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Por Equipo de redacción
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