En los últimos años, distintos análisis sobre finanzas municipales han evidenciado una tendencia preocupante: el incremento sostenido del gasto en salarios dentro de los gobiernos locales. En ciudades del eje central, este componente del gasto corriente ha ido ganando peso frente a la inversión pública, reflejando una estructura institucional más orientada a sostener empleo que a generar desarrollo.
El caso de Santa Cruz ilustra esta lógica. Datos difundidos en análisis económicos señalan que alrededor de la mitad del presupuesto municipal se destina al pago de sueldos, una proporción elevada que limita la capacidad de inversión en servicios clave como infraestructura urbana, manejo de residuos o planificación territorial.
Este fenómeno no puede leerse de manera aislada. Se inscribe en una estructura económica más amplia, caracterizada por una fuerte dependencia del Estado. En Bolivia, gran parte de los recursos que manejan alcaldías y gobernaciones provienen de transferencias, lo que reduce los incentivos para generar ingresos propios y refuerza una lógica de distribución antes que de producción.
En paralelo, la debilidad estructural de la economía se refleja en la alta informalidad. Como ha señalado Samuel Doria Medina en distintos espacios públicos, cerca del 80% de la actividad económica en el país se mueve en la informalidad, una cifra que, aunque variable según la metodología, coincide con diagnósticos que advierten sobre una base productiva limitada y poco integrada al sistema formal.
La consecuencia es un círculo difícil de romper: una economía poco formalizada genera baja recaudación, lo que a su vez refuerza la dependencia del gasto público y consolida prácticas donde el empleo estatal se convierte en herramienta política. En ese contexto, el poder termina asociado a la capacidad de asignar puestos antes que a la generación de valor económico.
Por Equipo de redacción
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