La estatal informó que, a través del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), ya se procesaron numerosos reclamos y se programaron pagos en todo el país mediante el Banco Unión. Entre montos ya cancelados y otros listos para cobro en ventanilla, la cifra asciende a Bs 4,15 millones.
Formalmente, el dinero sale de YPFB. Sin embargo, al tratarse de una empresa pública, cualquier pérdida impacta indirectamente en el Estado: menos recursos para inversión, menor aporte al Tesoro y presión sobre un sistema ya tensionado por subsidios y déficit.
El problema no es solo contable. Con ese monto, se могли financiar mejoras concretas: ampliaciones de unidades educativas, equipamiento de centros de salud de primer nivel o proyectos urbanos en barrios con necesidades urgentes. No es un hospital de tercer nivel, pero sí soluciones reales para cientos de ciudadanos.
La gran deuda sigue siendo la responsabilidad. Hasta ahora, el foco está en pagar compensaciones, pero no en establecer con claridad quiénes provocaron el daño ni si habrá resarcimiento desde los responsables. Sin sanción ni recuperación, el costo se diluye y termina absorbido por el aparato estatal.
Por Equipo de redacción
