El comunicado, fechado en La Paz el 22 de mayo de 2026, señala que estos grupos ponen “en riesgo la seguridad y la paz social”, por lo que las Fuerzas Armadas actuarán “en el marco de la ley” para garantizar la estabilidad institucional y la seguridad de la población.
La declaración marca un punto de inflexión en el manejo de la crisis, porque eleva el conflicto desde el plano estrictamente político y social hacia un escenario de preocupación por la seguridad interna. Analistas consideran que el uso de términos como “grupos irregulares” y “armamento bélico” refleja que el Gobierno y el Alto Mando Militar buscan mostrar control ante posibles escenarios de escalada.
El pronunciamiento surge luego de la circulación de videos atribuidos a sectores movilizados del altiplano, donde aparecen personas portando armas largas y lanzando mensajes de presión política. Hasta el momento, no existe una verificación independiente total sobre el origen y capacidad operativa de esos grupos, aunque el tema ya generó alarma pública.
Otro elemento relevante del comunicado es el llamado a “evitar la difusión de información no verificada”, en un contexto donde también circularon audios y documentos falsos relacionados con supuestos operativos militares y policiales.
En términos políticos, el mensaje también puede interpretarse como una señal de respaldo institucional al Gobierno de Rodrigo Paz y como una advertencia preventiva frente a cualquier intento de desestabilización o escalamiento violento del conflicto.
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Por Equipo de redacción
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