El debate se instaló con fuerza luego de que economistas y analistas observaran que el recorte salarial no ataca los problemas estructurales que enfrenta actualmente la economía boliviana, marcados por déficit fiscal, presión sobre las reservas, subvención a combustibles y desaceleración de ingresos estatales.
Desde puertas de la universidad pública de Oruro, el economista Juan Torres sostuvo que el Gobierno debió priorizar un relevamiento económico-financiero integral antes de anunciar medidas simbólicas. Según explicó, el Ejecutivo tendría que haber trabajado primero en proyecciones de ingresos y gastos, optimización de recursos y planificación fiscal de mediano plazo.
La crítica apunta a que una verdadera política de austeridad debería incluir evaluación del gasto público, eficiencia institucional y revisión de empresas estatales deficitarias, más allá de la reducción salarial de altas autoridades.
Otro de los cuestionamientos gira en torno a la falta de respaldo jurídico. Hasta ahora no se conoce públicamente un decreto, resolución o modificación presupuestaria que formalice la reducción anunciada por Paz. En ese contexto, varios sectores consideran que la medida todavía permanece en el plano político-comunicacional.
En redes sociales y espacios ciudadanos también surgieron dudas sobre el impacto real de la decisión. Algunos observan que eventuales reducciones salariales podrían compensarse indirectamente mediante viáticos, representación, comisiones u otros beneficios administrativos, aunque hasta el momento no existen pruebas oficiales sobre ello.
El Gobierno, por su parte, sostiene que la medida busca transmitir compromiso y esfuerzo frente a la crisis que atraviesa el país. Sin embargo, el debate económico ya comenzó a centrarse en si Bolivia necesita gestos políticos o un programa financiero estructurado que permita estabilizar las cuentas públicas y recuperar confianza.
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Por Equipo de redacción
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