Goitia informó que busca coordinar acciones con la Procuraduría General del Estado y la Asamblea Legislativa para recuperar los recursos públicos utilizados en las elecciones del 20 de octubre de 2019, posteriormente anuladas.
El argumento central sostiene que el Estado sufrió un daño económico al tener que financiar un nuevo proceso electoral. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, la existencia del gasto no basta para exigir una reparación patrimonial.
En derecho, toda acción de resarcimiento requiere demostrar la existencia del daño, identificar a los responsables y establecer el nexo causal entre la conducta atribuida y el perjuicio económico ocasionado al Estado.
En ese contexto, la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), que detectó irregularidades en el proceso electoral de 2019, constituye un antecedente técnico y un posible elemento probatorio, pero no tiene por sí misma efectos de cosa juzgada.
La cosa juzgada únicamente surge de una resolución judicial firme emitida por una autoridad competente. Un informe internacional, por relevante que sea, no reemplaza una sentencia ni determina automáticamente responsabilidades civiles o patrimoniales.
Del mismo modo, la ley que anuló las elecciones de 2019 produjo efectos políticos e institucionales al dejar sin validez esos comicios, pero tampoco estableció quiénes debían responder económicamente por el costo que asumió el Estado.
Por ello, cualquier intento de recuperar los Bs 233 millones deberá sustentarse en procesos judiciales o de responsabilidad patrimonial que respeten el debido proceso, el derecho a la defensa y la presentación de pruebas suficientes para individualizar a los responsables.
En consecuencia, el anuncio del vocal Goitia representa, por ahora, el inicio de una gestión institucional y no una decisión judicial que garantice el cobro de esos recursos. La viabilidad de la iniciativa dependerá de las actuaciones de la Procuraduría y, en última instancia, de los tribunales competentes.
Así, el debate trasciende la controversia política sobre 2019. La verdadera discusión será si el Estado logra demostrar, con respaldo jurídico y no únicamente con argumentos políticos o informes técnicos, que existe una obligación legal de resarcir el daño económico que ahora pretende recuperar.
Por Equipo de redacción
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