Recuperar Bs 233 millones de las elecciones de 2019 exige algo más que un informe: el reto jurídico del TSE
Siete años después de la crisis política que marcó un antes y un después en Bolivia, el proceso electoral de 2019 vuelve al centro del debate nacional. El anuncio del vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Carlos Alberto Goitia, de impulsar la recuperación de más de Bs 233 millones gastados en aquellos comicios anulados abre un nuevo frente de discusión. Esta vez, la pregunta ya no es si las elecciones fueron anuladas, sino si el Estado cuenta con el sustento jurídico suficiente para exigir que alguien devuelva ese dinero. Entre el debate político y las exigencias del derecho, la iniciativa enfrenta un desafío que solo los tribunales podrán resolver.
