El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó que 12,5 millones de dólares del crédito de 500 millones de dólares gestionado ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estarán destinados a la creación del Registro Social de Hogares. Según la autoridad, la herramienta permitirá focalizar mejor los beneficios sociales, ya que el Censo no recopila información sobre ingresos, patrimonio o niveles de vulnerabilidad de las familias.
Espinoza también argumentó que el nuevo sistema contribuirá a corregir deficiencias detectadas en la administración de los programas sociales, como beneficiarios inexistentes, registros duplicados y otras irregularidades que, a su juicio, justifican la inversión para modernizar el sistema de protección social.
La propuesta no es inédita. Países como Chile, Colombia y Uruguay cuentan desde hace años con registros sociales que sirven para asignar subsidios y ayudas estatales con criterios más precisos. La diferencia es que estos sistemas fueron implementados sobre la base de estudios técnicos, metodologías transparentes y mecanismos permanentes de actualización y auditoría.
Precisamente ahí se concentra el principal desafío para Bolivia. Si el Gobierno solicita financiamiento internacional para crear este registro, resulta razonable esperar que la iniciativa esté respaldada por diagnósticos, auditorías e indicadores que demuestren que la inversión permitirá mejorar la eficiencia del gasto público y reducir las filtraciones en los programas sociales.
En ese contexto, la mirada también se dirige hacia la Asamblea Legislativa. Más allá de la disputa entre oficialismo y oposición, la expectativa es que los legisladores examinen el sustento técnico del crédito, revisen los estudios que justifican los 12,5 millones de dólares y evalúen si los beneficios proyectados compensan el endeudamiento que asumirá el país.
Sin embargo, una crítica recurrente es que el debate parlamentario suele concentrarse en discursos políticos antes que en el análisis detallado de los proyectos. Si ello ocurre nuevamente, la discusión sobre el Registro Social de Hogares podría terminar girando alrededor de posiciones partidarias, según analistas dejando en segundo plano la pregunta esencial: ¿la inversión responde a una necesidad demostrada o a una decisión cuya eficacia aún debe probarse?
Por Equipo de redacción
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